Con esta fórmula, “el Estado convierte una deuda de un proceso regulado en un crédito de largo plazo que recaerá directamente sobre las boletas de los hogares durante casi una década”, afirma el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Gonzalo Escobar.
La semana pasada, el Ministerio de Energía ingresó al Congreso el proyecto de ley de protección tarifaria eléctrica, que busca, entre otros aspectos, resolver la deuda que tienen los consumidores con las empresas distribuidoras de energía sin elevar la tarifa de la luz.
De acuerdo con la titular de esa cartera, Ximena Rincón, con esta iniciativa las cuentas de electricidad deberían bajar partir de 2028. Por el contrario, sin esta fórmula -dijo-, las cuentas subirían 4% en promedio.
¿Qué implica este proyecto para los hogares?
El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Gonzalo Escobar, advierte que “detrás de este anuncio y de cualquier medida para congelar o postergar un alza en precios o tarifas, hay una verdad: que los chilenos pagaremos igual, solo que más adelante y con intereses, es decir, más”.
El economista explica que la deuda con las distribuidoras -que tiene una demora de casi cuatro años por el retraso de la publicación de un decreto- no desaparece con este proyecto, “sino que se traspasa a un tercero que pagará de una vez a las distribuidoras, mientras los clientes regulados -o sea, los hogares- asumen ese costo en cuotas hasta 2035. Es decir, el Estado convierte una deuda de un proceso regulado en un crédito de largo plazo que recaerá directamente sobre las boletas de los hogares durante casi una década”.
Escobar recuerda que, a partir de 2028 y hasta el año 2035, estaba previsto que el cargo del Mecanismo de Protección al Cliente -creado para cubrir la deuda por el congelamiento de las tarifas- bajara de $22 a $9 por kilowatt-hora. Sin embargo, asegura que “este proyecto plantea modificar parte de esa rebaja a los clientes regulados, ya que se agregarán $5 por kWh, dejando el cargo en $14 para hacer frente a este pago adelantado por una entidad financiera, con el fin de salvar un error del propio Estado por su lentitud en fijar tarifas a tiempo”.
“Fallas crónicas” en el sistema de tarifas
Para el académico de la UNAB, el problema pasa a ser “recurrente”, ya que es la segunda oportunidad en que el Estado acude a este mecanismo tras lo establecido en 2024 para cubrir la deuda con las generadoras. “Volver a utilizar esta fórmula indica que el sistema de fijación tarifaria tiene fallas crónicas, y que el Estado, en lugar de corregir esas fallas de raíz, prefiere tratar de tapar el sol con un dedo, ya que, con financiamiento externo, es decir, de una entidad financiera, el costo lo terminan absorbiendo los consumidores”, asevera.
Con respecto al hecho de licitar este pago a una entidad financiera, el experto afirma que “tiene riesgos asociados, pues entregar este pago por adelantado implica costos financieros, como son intereses, comisiones, condiciones del crédito, etc. Y no queda claro cómo impactará o se traspasaran finalmente estos a la cuenta de los clientes regulados”.
Escobar indica que el subsidio eléctrico -dirigido al 40% más vulnerable de los hogares- tampoco es una solución, ya que solo se extenderá hasta el año 2027, lo que añade incertidumbre. El término de la ayuda, de hecho, coincidirá con el inicio de la aplicación del nuevo cargo de $5 por kWh. “Es decir, el alivio termina en el momento que empieza el cobro de la deuda”, sostiene.
En lo que respecta a la facultad excepcional que se le entrega a la CNE para revisar contratos con generadoras, el economista señala que, “aunque se presenta como una supuesta ganancia para los consumidores, ya tiene un mal pronóstico, pues muchos de los actores actuales se negaron a la medida en el pasado y no hay certeza de que hoy cambie”.
“Lo que sí se debe plantear -añade- es que las asociaciones de consumidores sean también participantes en los procesos de fijación de tarifas”. “Al final, como se puede analizar, nada es gratis, pues estos pagos continuarán por varios años más”, concluye.
