La bancada ofició al ministro de Seguridad Pública para solicitar que el Ejecutivo acelere la tramitación de la iniciativa apoyada transversalmente, luego de que nuevos antecedentes de la PDI confirmaran que organizaciones como el Tren de Aragua utilizan redes de prostitución para identificar víctimas de secuestros y extorsiones.
Los diputados de Renovación Nacional Diego Schalper y Eduardo Durán, en calidad de jefe y subjefe de bancada respectivamente, junto al diputado Mauro González, integrante de la comisión de Seguridad, oficiaron al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, solicitando que el Gobierno otorgue suma urgencia al proyecto de ley que busca sancionar la explotación económica del comercio sexual ajeno, la facilitación de plataformas para ofrecer estos servicios y la extorsión vinculada a esta actividad, iniciativa presentada por la bancada de diputados de RN junto a parlamentarios oficialistas y opositores.
La solicitud surge luego de que la Policía de Investigaciones diera a conocer nuevos antecedentes que revelan cómo el Tren de Aragua estaría utilizando redes de prostitución para perfilar potenciales víctimas de secuestros y extorsiones, información que refuerza el diagnóstico que dio origen a la iniciativa legal y la necesidad de avanzar con rapidez en su tramitación.
En el oficio, los parlamentarios recuerdan que el fiscal regional Héctor Barros ha advertido que el comercio sexual se ha convertido en uno de los mercados utilizados por organizaciones criminales transnacionales debido a la informalidad, clandestinidad y escaso control estatal que caracteriza esta actividad. En ese contexto, sostienen que la explotación sexual, la intermediación abusiva y la extorsión asociada deben ser enfrentadas como fenómenos propios del crimen organizado y no únicamente como problemas de orden público.
Por ello, solicitaron al ministro de Seguridad Pública impulsar la tramitación del proyecto e interceder ante el Presidente de la República para que la iniciativa reciba suma urgencia o discusión inmediata, argumentando que constituye una herramienta concreta para atacar una de las principales fuentes de financiamiento de las bandas criminales.
El proyecto incorpora nuevos delitos para sancionar a quienes exploten económicamente el comercio sexual de terceros, administren o faciliten plataformas digitales destinadas a ofrecer servicios sexuales, o proporcionen inmuebles para ese fin. Asimismo, aumenta las penas por extorsión cuando ésta se produzca con ocasión de la contratación de servicios sexuales remunerados e incorpora la explotación económica del comercio sexual como delito base para perseguir el lavado de activos.
El diputado Mauro González señaló que “ya es una realidad y existe consenso transversal en la necesidad de abordar legislativamente los espacios de impunidad que deja el comercio sexual al crimen organizado. Esperamos que el gobierno coincida en este diagnóstico y disponga la urgencia en un proyecto donde tendría el apoyo de diversas fuerzas políticas”.
Los parlamentarios señalan en su oficio que «La transversalidad de sus patrocinantes (del proyecto), la gravedad del fenómeno que aborda y su foco en las bases económicas del crimen organizado hacen de este proyecto una oportunidad concreta para avanzar en una agenda de seguridad con amplio respaldo político.»
Finalmente, en el documento enviado al Ejecutivo, los diputados sostienen que los antecedentes conocidos durante las últimas semanas demuestran que «no estamos ante una discusión meramente moral o administrativa, sino frente a un mercado que puede ser capturado por organizaciones criminales para explotar personas, identificar víctimas, obtener información sensible, extorsionar a clientes y financiar otras actividades ilícitas».
