El aumento de la desocupación y la caída del empleo formal reabren el debate sobre la efectividad de las medidas propuestas para enfrentar la crisis laboral.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo alcanzó el 9,4% durante el trimestre marzo-mayo, el registro más alto desde 2021. A ello se suma un dato igualmente preocupante: el crecimiento del empleo durante el último año fue explicado exclusivamente por la informalidad, mientras el empleo formal volvió a disminuir.
Las cifras se conocen pocos días después de que la Mesa de Reactivación Laboral entregara al Gobierno una hoja de ruta con 22 propuestas para enfrentar la crisis del empleo. Para Pedro Matamala, socio de Provoste Matamala, el principal problema no radica en el diagnóstico, sino en la capacidad real de las medidas para responder a la urgencia que muestran las cifras.
«El informe identifica correctamente varios de los problemas del mercado laboral y contiene propuestas técnicamente bien elaboradas. Sin embargo, muchas responden más a una agenda de reformas estructurales que a una estrategia de reactivación. Cuando el desempleo bordea el 10%, las prioridades no pueden medirse en años», explica Pedro Matamala Souper, socio en Proviste Matamala Abogados.
El deterioro del mercado laboral también presenta diferencias importantes entre regiones. La Región del Maule registró el mayor aumento del desempleo del país, con un alza de 2,7 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior, debido principalmente al retroceso de actividades como la fruticultura y la pesca.
En O’Higgins, la disminución de la actividad minera impactó directamente sobre el empleo formal y los salarios, mientras que Valparaíso alcanzó una tasa de desempleo cercana al 10,3%, impulsada por un crecimiento de la fuerza laboral superior al de los nuevos puestos de trabajo.
Biobío completó un segundo período consecutivo con una tasa de desempleo de 9,8%, y en Ñuble la disminución del desempleo respondió principalmente a la salida de mujeres jóvenes del mercado laboral, más que a una recuperación efectiva del empleo.
«También preocupa la escasa consideración de la viabilidad jurídica y política de varias recomendaciones. En Chile no basta con modificar una ley; la interpretación de la Dirección del Trabajo y de los tribunales suele ser determinante. Si ese factor no se incorpora desde el diseño, existe un alto riesgo de que las reformas terminen generando frustración más que resultados”, advierte Matamala.
En este sentido, la implementación también enfrenta desafíos desde el punto de vista fiscal y regulatorio. En particular, advierte que varias propuestas que consideran un mayor intercambio de información pública no abordan adecuadamente las exigencias establecidas por la nueva Ley N° 21.719 sobre protección de datos personales.
«Modernizar el mercado laboral es indispensable, pero también exige realismo. Las políticas públicas deben ser técnicamente sólidas, jurídicamente viables y fiscalmente sostenibles. Sin esos elementos, incluso las buenas ideas corren el riesgo de quedarse en el papel», concluye Matamala.
