En un escenario marcado por la necesidad de contener el gasto público y una eventual reducción de personal en el sector público, especialistas advierten que cualquier discusión sobre mayor flexibilidad laboral o ajustes en la dotación debe considerar la situación de miles de trabajadores a honorarios que desempeñan funciones permanentes sin contar con el reconocimiento ni las garantías de una relación laboral.
El complejo escenario económico que enfrenta el país y las discusiones sobre una eventual reducción de personal en el sector público vuelven a poner sobre la mesa la situación de miles de trabajadores a honorarios que hoy cumplen funciones permanentes para el Estado. En este contexto, expertos advierten que cualquier medida orientada a mejorar la eficiencia del aparato público debe abordar primero la realidad laboral de quienes, pese a desempeñar labores habituales y estar sujetos a jefaturas y horarios, continúan sin el reconocimiento jurídico correspondiente.
La discusión cobra aún más relevancia considerando los debates sobre posibles cambios en la jornada laboral y una mayor flexibilidad en el empleo público. Si bien estas medidas buscan responder a un contexto de restricciones presupuestarias y optimización de recursos, especialistas sostienen que su implementación podría generar nuevos espacios de vulnerabilidad para quienes trabajan bajo la modalidad de honorarios.
Para Camila Cárdenas, directora de Litigación y socia de Soy Honorario, existe una contradicción de fondo que no puede ser ignorada. «Existe una realidad estructural que no se puede desconocer. Más allá de la jornada, existen miles de trabajadores a honorarios que cumplen funciones permanentes para el Estado, con horario, jefaturas e instrucciones, pero que no son reconocidos ni como funcionarios públicos ni como trabajadores sujetos a una relación laboral. Esa precariedad debe ser abordada antes de discutir cualquier cambio que implique mayor flexibilidad», explica.
La abogada advierte que trasladar estas discusiones al sector público sin resolver previamente esta situación podría profundizar las brechas existentes. «Si el debate sobre la flexibilidad se instala sin resolver primero la precariedad de los honorarios del Estado, el riesgo es importante. Se podrían aplicar reglas pensadas para trabajadores formalmente contratados, con derechos y mecanismos de protección, a personas que hoy no cuentan con esas garantías, dejándolas incluso más expuestas frente a eventuales ajustes o cambios en sus condiciones laborales», sostiene.
En ese sentido, Cárdenas enfatiza que el Estado debe asumir un rol coherente respecto de quienes han sostenido parte importante de la gestión pública durante años. «La contradicción es evidente. El Estado no puede pedir mayor flexibilidad a trabajadores que ni siquiera ha regularizado. Antes de discutir semanas laborales más extensas o nuevas formas de organización del trabajo, corresponde hacerse cargo de quienes ya trabajan, en la práctica, como funcionarios públicos, pero siguen siendo tratados jurídicamente como prestadores de servicios externos», afirma.
Desde Soy Honorario señalan que el actual contexto económico representa una oportunidad para avanzar en una discusión más amplia sobre la modernización del empleo público, donde la eficiencia y la sostenibilidad fiscal vayan de la mano con la protección de los derechos laborales. A juicio de la organización, cualquier reforma que busque fortalecer el funcionamiento del Estado debe considerar la regularización de los trabajadores a honorarios como un elemento central para otorgar mayor certeza jurídica, mejorar las condiciones laborales y asegurar un sistema público más equitativo y sostenible.
