● Las organizaciones llaman al Ministerio de Salud a corregir brechas críticas en la implementación sanitaria de la ley, resguardar estándares diagnósticos y avanzar hacia una Estrategia Nacional de Autismo.
A tres años de la promulgación de la Ley 21.545, la Federación Nacional de Autismo, FENAUT, la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, SOPNIA, y la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, FUAN, llamaron al Ministerio de Salud a corregir las brechas críticas en la implementación de la Ley de Autismo y a trabajar en el acceso oportuno a diagnóstico, atención y apoyos para personas autistas, especialmente en la red pública de salud y en territorios alejados de las capitales regionales.
Uno de los principales puntos de alerta sería la Resolución Exenta N°959 del Ministerio de Salud, que aprueba el Programa Atención Integral al Desarrollo Infanto-Adolescente y fortalece la capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud, APS, en procesos de evaluación, confirmación diagnóstica de autismo y apoyos.
La Dra. Valeria Rojas, directora de SOPNIA, valora los grandes avances que ha significado esta Ley “incluyendo las Orientaciones Técnicas que entrega herramientas y recursos para el abordaje en salud de personas autistas, la promoción del abordaje integral del autismo en APS, sin embargo, nos preocupa que hoy, según la Resolución Exenta antes mencionada sea una meta sanitaria la confirmación diagnóstica de autismo en APS sin certeza de estándares técnicos, éticos y profesionales”.
Según antecedentes publicados por SOPNIA, el 76% de las comunas del país aún no reciben recursos para la implementación de la Ley de Autismo en APS. Este dato, advierten las organizaciones, refleja una desigualdad territorial grave evidenciando que el acceso a derechos sigue dependiendo del lugar donde vive una persona y de los recursos económicos que posea.
Además enfatizaron que el diagnóstico no puede quedar en manos de profesionales sin formación específica en autismo: “El diagnóstico de autismo requiere experiencia clínica, conocimiento actualizado, enfoque interdisciplinario y comprensión de las distintas trayectorias del neurodesarrollo”, agregó Rojas.
A esta preocupación se suma la falta de claridad en la ejecución de recursos asociados a la Ley de Autismo. Las organizaciones advierten que la minuta explicativa de distribución presupuestaria de la Ley incorporó un componente de salud mental y agregó un nuevo componente de rehabilitación que no existe como tal en la Ley de Autismo.
“Existe una inconsistencia que debe ser aclarada. Si los lineamientos técnicos hablan de neurología y salud mental, pero la distribución presupuestaria instala un componente de rehabilitación que deriva recursos a fisiatría estamos frente a un problema de diseño, pertinencia y ejecución de la política pública”, afirmó Gabriela Verdugo Weinberger, presidenta de FUAN.
Para Chantal Garay Soto, presidenta de FENAUT, la situación exige transparencia: “La Ley de Autismo fue aprobada por unanimidad en el Congreso, para proteger derechos de las personas autistas, no para que sus recursos se diluyan en decisiones que no responden a sus necesidades. Las familias necesitan saber dónde están los recursos, qué prestaciones se están financiando, con qué equipos, bajo qué criterios y con qué resultados, porque no están llegando a las personas autistas. A los pacientes con cáncer no les desvían recursos para tratar operaciones de cadera”, enfatizó.
En este contexto, SOPNIA, FENAUT y FUAN llamaron al Ministerio de Salud a revisar la implementación de la Ley de Autismo, transparentar la ejecución presupuestaria, establecer estándares obligatorios para diagnóstico y atención, asegurar formación y garantizar participación efectiva de la comunidad autista.
Asimismo, proponen avanzar hacia una Estrategia Nacional de Autismo que permita articular al intersector, definir metas de mediano y largo plazo, establecer indicadores medibles, evaluar resultados y asegurar políticas públicas para todo el ciclo vital.
