La contingencia relacionada con el ingreso de niños haitianos al país pone de relieve la importancia de fortalecer las políticas públicas desde un enfoque de derechos y de protección integral.
El reciente caso que involucró a decenas de niños haitianos cuyo ingreso a Chile fue investigado por las autoridades generó preocupación pública respecto de las condiciones en que se desarrollan los procesos migratorios que involucran a menores de edad. Si bien las diligencias permitieron ubicar a la mayoría de los niños junto a sus familias y constatar que muchos se encontraban escolarizados, el hecho volvió a instalar el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de la niñez migrante.
Verónica Gómez, académica de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), explicó que el análisis de estos casos debe realizarse desde un enfoque de derechos humanos, situando siempre el interés superior del niño como principio rector. “El punto de partida es que ningún niño, niña o adolescente pierde derechos por cruzar una frontera, y que su situación migratoria, ya sea regular o irregular, nunca debe prevalecer sobre su condición de sujeto de derechos”, afirmó la académica.
En ese sentido, recordó que el Estado de Chile ha impulsado políticas orientadas a promover la regularización, la inclusión social y el acceso de niños, niñas y adolescentes extranjeros a derechos fundamentales como salud, educación y protección, independiente de su situación migratoria.
Para la especialista, uno de los principales desafíos frente a situaciones como la recientemente conocida es asegurar la identificación temprana de los menores de edad, especialmente cuando viajan solos, separados de sus cuidadores o con documentación incompleta.
Asimismo, indicó que “las instituciones deben evaluar oportunamente posibles situaciones de vulneración de derechos, como trata de personas, explotación laboral o sexual, violencia, abandono, negligencia o separación familiar”. A ello se suman otras barreras que afectan la integración de la niñez migrante, entre ellas el idioma, el racismo y la xenofobia.
La académica enfatizó que la respuesta del Estado debe garantizar el acceso inmediato a servicios de salud, educación y protección especializada, sin discriminación por nacionalidad o condición migratoria. “Los niños, niñas y adolescentes migrantes tienen derecho a salud, educación y protección, independiente de su situación migratoria o la de sus padres. Además, en Chile están eximidos de sanciones migratorias y pueden acceder a mecanismos de residencia temporal por razones humanitarias”, explicó.
Para la experta, el caso también deja importantes desafíos para el fortalecimiento de las políticas públicas en materia migratoria. Entre ellos, destaca la necesidad de avanzar en una coordinación efectiva entre el Servicio Nacional de Migraciones, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, los establecimientos educacionales, el sistema de salud, los municipios, los tribunales de familia, el Registro Civil, la Policía de Investigaciones y las organizaciones de la sociedad civil.
A ello se suma la importancia de contar con protocolos específicos para niños no acompañados, separados de sus familias, solicitantes de refugio o posibles víctimas de trata, asegurando siempre representación jurídica, acceso a información comprensible y procesos de escucha acordes a su edad y nivel de desarrollo.
“Las políticas públicas deben tener un enfoque intersectorial, territorial y centrado en los derechos de la infancia, no únicamente en el control migratorio”, sostuvo.
Gómez explicó que, “cuando un niño o niña participa en un proceso de traslado internacional, las instituciones deben evaluar aspectos como su identidad, edad, nacionalidad, vínculos familiares, condiciones de cuidado y posibles riesgos de explotación o violencia”. Del mismo modo, deben resguardar sus necesidades de salud, educación, protección psicosocial y considerar su opinión, de acuerdo con su edad y grado de madurez.
Finalmente, la académica recordó que la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería establece que los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes deben respetarse independientemente de su situación migratoria, garantizando su acceso a educación, seguridad social y procesos prioritarios de reunificación familiar, además de impedir la aplicación de medidas de expulsión en su contra.
“El gran desafío es que cada decisión que involucre a niños migrantes tenga como eje central su protección integral y el respeto irrestricto de sus derechos, por sobre cualquier otra consideración administrativa”, concluyó.
