En el marco de la discusión del proyecto de ley que busca estabilizar y proteger las tarifas eléctricas (Boletín N° 18.384-08), la diputada Marisela Santibáñez realizó un llamado urgente a resguardar el bolsillo de los hogares chilenos y garantizar total transparencia en el pago de la deuda acumulada con las empresas distribuidoras.
Durante la sesión de la Comisión de Minería y Energía, la parlamentaria valoró la iniciativa del Ejecutivo de renegociar contratos con las distribuidoras eléctricas para reducir costos, pero advirtió que la propuesta actual para saldar la deuda del sistema resulta profundamente injusta: “No es aceptable que las familias terminen pagando una deuda comercial elevada que no les corresponde. Se están transformando deudas individuales en una carga común, afectando directamente el presupuesto de los hogares”, señaló.
Asimismo, Santibáñez subrayó la urgencia de fortalecer la protección a las personas electrodependientes. En ese contexto, sostuvo que no basta con el registro vigente, sino que es necesario establecer por ley la prioridad en la asignación del subsidio y asegurar una cobertura mínima de 150 kWh mensuales, garantizando que el beneficio alcance a todas las personas inscritas.
En esa línea, la diputada sostuvo reuniones con CONADECUS y otros representantes de los consumidores, incluyendo a su presidente, Hernán Calderón, cuyas preocupaciones fueron posteriormente recogidas en la discusión de la Comisión. En la instancia, estas organizaciones fueron recibidas y escuchadas, advirtiendo sobre los riesgos que esta estructura de cobro podría implicar para la ciudadanía.
En ese contexto, la parlamentaria fue enfática: “Acá tenemos que pagar lo justo. No tenemos que pagarle al comercio y los representantes de los consumidores deberían haber estado presentes, y así no fue. Trabajar a matacaballo no nos corresponde; esto va a tener lamentables consecuencias para los consumidores a nivel nacional, donde cada lugar es distinto porque tiene distinto distribuidor. Y eso no puede pasar”.
“No podemos aprobar una fórmula a ciegas. Exigimos transparencia antes de votar. Ordenar las cuentas no puede significar que la ciudadanía asuma el costo de una deuda que no le pertenece”, concluyó la parlamentaria.
