El diputado Leandro Kunstmann (Partido Republicano) valoró la aprobación en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones del proyecto de ley que modifica los protocolos de entrega de direcciones IP por parte de las empresas de telecomunicaciones, iniciativa que busca fortalecer las herramientas disponibles para investigaciones penales vinculadas a delitos cometidos en entornos digitales, especialmente en casos de abuso sexual infantil.
La iniciativa modifica la Ley General de Telecomunicaciones en materia de asignación de direcciones IP y el deber de información de los proveedores de acceso a Internet, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de conexiones utilizadas en la comisión de delitos digitales y agilizar la entrega de antecedentes requeridos por la Fiscalía o las policías.
Al respecto, Kunstmann explicó que uno de los principales cambios apunta a extender el periodo de resguardo de esta información por parte de las empresas del sector.
“Esto es realmente importante porque, primero, aumenta los resguardos de esa información de un año a 24 meses por parte de las empresas de telecomunicaciones”, indicó.
En esa línea, el diputado destacó que la propuesta tiene un impacto directo en materia de seguridad pública, especialmente en investigaciones relacionadas con delitos graves cometidos a través de internet.
“Va directamente al área de seguridad, especialmente para los casos de abusos infantiles, para los cuales el Ministerio Público, la PDI y Carabineros de Chile necesitan esa información de direcciones IP lo más pronto posible”, afirmó.
Además, el legislador subrayó que el proyecto establece plazos concretos para la entrega de información, con el fin de evitar demoras que puedan afectar el desarrollo de las investigaciones.
“Establece periodos cortos de 72 horas y multas a las empresas de telecomunicaciones si no entregan esa información de forma oportuna”, sostuvo.
Con ello, finalmente Kunstmann remarcó que la iniciativa busca entregar mejores herramientas a las instituciones encargadas de perseguir delitos digitales, particularmente aquellos que afectan a niños, niñas y adolescentes.
