La iniciativa tiene como objetivo establecer inhabilidades para la entrega del beneficio y también fijar causales para su revocación. Los legisladores recordaron que después de haber sido entregadas a sujetos con un amplio prontuario, «siguieron cometiendo delitos, afectando la honra del país».
Un grupo de diputados oficialistas, liderados por la legisladora del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, presentó un proyecto de ley que busca generar inhabilidades para la entrega de pensiones de gracia a personas que tengan antecedentes penales, a fin de que no se repita lo ocurrido con los beneficios entregados a sujetos implicados en los graves desmanes durante las manifestaciones de octubre de 2019 y que volvieron de delinquir posteriormente.
En concreto, la iniciativa busca fortalecer el régimen jurídico de las pensiones de gracia mediante el establecimiento de requisitos objetivos para su otorgamiento, la regulación legal del procedimiento de evaluación, la incorporación de inhabilidades expresas y el fortalecimiento de la Comisión Especial Asesora.
A lo anterior, se suma la creación de mecanismos permanentes de revisión y la regulación de causales de revocación, resguardando el carácter excepcional del beneficio y reduciendo los espacios de discrecionalidad administrativa.
Sin ir más lejos, la legisladora Rodríguez argumentó que las pensiones de gracia «hace tiempo han estado en tela de juicio, sobre todo pensando en lo que fue el estallido delictual, en donde estas pensiones fueron entregadas directamente a personas que tenían antecedentes, y que después de haber sido entregadas, siguieron cometiendo delitos, afectando obviamente la honra, no solamente en nuestro país, sino que también de los carabineros que fueron los principales afectados del estallido social».
«Sabemos que el gobierno está trabajando en terminar con este beneficio en casos puntuales», continuó Rodríguez, junto con destacar que con la propuesta se busca «no solamente establecer requisitos de inhabilidades, sino que también hablar de causales de revocación».
«Estamos muy orgullosos de hacernos cargo de un problema que afecta también a los chilenos, porque esto es plata pública, así que estamos esperanzados de que a través del Ejecutivo, y también del Poder Legislativo, trabajemos en pos de terminar con este beneficio que tanto daño le ha hecho a nuestra República», recalcó la parlamentaria.
Charpentier: «Pensiones de Desgracia»
Por su parte, la diputada Paz Charpentier (PRep), también firmante del proyecto, afirmó que el objetivo «es terminar con las pensiones de desgracia, porque una pensión de gracia que se entrega a delincuentes, es una pensión de desgracia que los chilenos no estamos dispuestos a pagar».
Cabe destacar que la iniciativa distingue las distintas categorías de pensiones de gracia, estableciendo requisitos objetivos para cada una de ellas, regulando expresamente los procedimientos de evaluación y fortaleciendo los mecanismos de control posteriores, todo ello preservando la atribución constitucional del Presidente de la República.
«Esto es un proyecto que va en la línea de la justicia, es un proyecto que tiene una tremenda adhesión ciudadana y que va a terminar con algo injusto, que es aquella atribución que, por ejemplo, el ex presidente Boric ejerció de entregar pensiones de gracia, es decir, un regalo a delincuentes condenados en el contexto de la revolución de octubre del año 2019», cerró Charpentier.
