La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud sostuvo que una denuncia de esta magnitud no puede quedar sólo en declaraciones públicas y exigió que los antecedentes sean puestos a disposición de la justicia para identificar, investigar y sancionar a quienes hayan participado en eventuales actos de corrupción que afectan la transparencia de las compras públicas, la competencia y la atención de los pacientes.
Tras las declaraciones realizadas por la ministra de Salud, May Chomalí, quien en una entrevista de prensa denunció la existencia de presuntas irregularidades y prácticas de corrupción en procesos de licitación del sistema público de salud, la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) emplazó a la secretaria de Estado a presentar formalmente todos los antecedentes ante la justicia para que estos hechos sean investigados y, de acreditarse responsabilidades, se sancione con el máximo rigor a quienes hayan participado en estas prácticas.
El director ejecutivo de APIS, Eduardo del Solar, sostuvo que una denuncia de esta gravedad no puede limitarse a declaraciones realizadas a través de los medios de comunicación, ya que involucra eventuales delitos que afectan directamente la transparencia de las compras públicas, la libre competencia, el correcto uso de los recursos del Estado y, en definitiva, la calidad de la atención que reciben los pacientes.
«Si existen antecedentes de que hubo procesos de licitación alterados o prácticas de corrupción, estos deben ser puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público. No basta con hacer una denuncia por la prensa; corresponde que la autoridad ejerza todas las acciones legales necesarias para que los responsables sean investigados y sancionados. Cuando se trata de hechos de esta gravedad, el deber de cualquier autoridad es acudir a la justicia», afirmó.
Del Solar recordó que APIS representa a empresas que operan bajo estrictos estándares de integridad, promoviendo un Código de Ética y políticas de compliance que constituyen un compromiso permanente con la transparencia y la probidad en la industria de los dispositivos médicos.
«Como gremio no podemos permanecer indiferentes frente a afirmaciones de esta naturaleza. Nuestros asociados cumplen exigentes estándares éticos y de cumplimiento normativo, por lo que no podemos aceptar que denuncias tan graves terminen enlodando a toda una industria integrada, en su inmensa mayoría, por empresas que trabajan con profesionalismo y apego irrestricto a la ley. Si existen personas o empresas que incurrieron en actos irregulares, deben ser identificadas, investigadas y responder ante los tribunales», enfatizó.
Asimismo, el director ejecutivo de APIS advirtió que cualquier acto de corrupción en los procesos de compra pública genera consecuencias que trascienden el ámbito administrativo.
«La corrupción distorsiona las licitaciones, altera la competencia, afecta el buen uso de los recursos públicos y termina perjudicando a quienes más dependen del sistema de salud: los pacientes. Aquí no sólo está en juego la sostenibilidad del sistema, sino también la confianza en las instituciones y la calidad de la atención sanitaria. Por eso esperamos que la ministra actúe con la misma firmeza con que realizó esta denuncia pública y entregue todos los antecedentes a la justicia para que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias», concluyó el representante gremial.
