• El tercer Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP), elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, evidenció que el 77% de los proyectos de la región sufrieron retrasos el año pasado.
• A pesar del adverso panorama burocrático, la inversión aprobada en la zona por el SEIA escaló hasta los US$1.755 millones durante el 2025. Agilizar las iniciativas trabadas permitiría reducir la desocupación regional.
Con el objetivo de analizar el impacto real de la burocracia estatal en el desarrollo productivo de la zona, se dio a conocer este informe que realiza un balance de la gestión ambiental del 2025 y las proyecciones para la zona. Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, realizó la presentación ante los principales líderes gremiales, empresariales y autoridades de la Región del Biobío.
Radiografía a las trabas en el Biobío
De acuerdo con el informe, la Región enfrenta serios nudos en la tramitación de sus proyectos de inversión dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Durante el 2025, 8 de cada 10 proyectos sufrieron retrasos en su tramitación (un 77% del total regional), acumulando pérdidas que se traducen de forma directa en el ICEP. Para el Biobío, este costo se estimó en cerca de US$170 millones durante el 2025, representando el 5.7% del impacto económico total medido a nivel país.
La ineficiencia de los plazos también alcanzó máximos históricos: el tiempo promedio de tramitación ambiental en la región llegó a su punto más alto en 2025, superando los 16 meses corridos (492 días en promedio por permiso, un 38% por encima de Impacto Ambiental (EIA) los tiempos de espera promedio en la región escalaron de forma crítica a 1.211 días (más de 3 años), frente a los 790 que promedia el resto del país. Por sectores económicos, el rubro de energía fue el más afectado en la zona, registrando un promedio de tramitación regional de 571 días.
Tras conocer detalladamente los datos regionales, las autoridades locales valoraron el aporte de este estudio que permite identificar las principales falencias del sistema. En esa línea, el Seremi de Hacienda, Ronald Ruf, destacó el valor de contar con una medición económica de este fenómeno.
“La USS nos sorprende con un índice que mide la permisología desde el punto de vista económico. Todos los que nos relacionamos con las inversiones sabemos cuánto duele, pero no estaba cuantificado en la economía regional y nacional. Más allá de si los números son buenos o malos, este informe es una muestra clara de cuánto nos cuesta y nos indica dónde apretar las teclas correctas para disminuir al máximo los costos de la burocracia para el país”.
Inversión histórica: la esperanza de reactivación frente al desempleo
A pesar de las severas demoras institucionales y del hecho de que en 2025 solo se contabilizaron 26 proyectos aprobados (un 36% menos que el promedio histórico de 42), el reporte arrojó una cifra alentadora: la inversión total visada favorablemente por el SEIA en la región alcanzó los US$1.766 millones en 2025. Este fuerte impulso se vio apuntalado de manera importante por el rubro energético, destacando la aprobación del Parque Eólico Junquillos por un monto de US$570 millones (que concentró el 32% de la inversión aprobada anual).
El foco del análisis también apuntó a cómo destrabar estos proyectos impactaría positivamente en los índices de cesantía de la zona, así lo señaló Alejandro Weber: “El informe mostró una buena noticia: aun cuando se perdieron 170 millones de dólares en la economía por retrasos de la burocracia, se aprobaron cerca de 1.800 millones de dólares el año pasado, un impulso muy superior a los 500 millones de años anteriores. Pese a las malas cifras de desempleo de hoy (9.8% de desocupación), el buen IPC y las perspectivas de mediano plazo abren esperanza para gatillar más inversión en el Biobío. Hoy hay un pipeline de proyectos –en especial inmobiliarios- que gatillarían cerca de 1.800 empleos directos adicionales si se aprueban con celeridad”.
El impacto en el empleo y urgencia de acuerdos públicos-privados
El informe hace énfasis en dar celeridad a las carpetas paralizadas tendría un impacto directo en la fuerza laboral del Biobío, región afectada por una tasa de desocupación del 9.8%. Al aprobar proyectos actualmente retrasados con alto impacto laboral –los cuales acumulan a junio 2026 una inversión detenida de US$518 millones- se generaría de inmediato empleo para 1.067 personas en fase de construcción, 187 en operación y 465 en fase de cierre. La sola activación laboral de las obras civiles disminuiría la tasa de desempleo regional en 0.1 puntos porcentuales (bajando a 9.7%).
El análisis de este estudio también resonó en el sector productivo forestal, donde urge reactivar las inversiones estratégicas. El presidente de Corma Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande mencionó que “esto es lo que necesita la zona, más encuentros entre academia y entidades regionales para conversar no solo de la problemática que nos afecta, sino sobre todo de las soluciones para que Biobío vuelva a crecer y generar buenos trabajos para sus habitantes”.
Al cierre del encuentro, los asistentes coincidieron en la urgencia de agilizar los permisos sectoriales y potenciar el desarrollo desde las provincias: Desde el mundo multigremial, la Gerenta General de Irade, Bernardita Roa aseguró que este informe “es una tremenda herramienta para seguir impulsando el crecimiento, la inversión y poner los énfasis necesarios. Invita a todos los sectores a seguir construyendo la región que queremos, con más oportunidades: Movilizándonos a potenciar la descentralización poniendo como protagonista a las provincias del Biobío, que tienen un tremendo potencial”.
Por su parte, el seremi de Obras Públicas, José Piña, cerró destacando el valor de la alianza público-privada para la infraestructura local.
“El informe presentado nos entregó datos muy valiosos sobre empleabilidad, desarrollo económico y proyecciones. Es clave mantener esta vinculación entre la academia y el mundo público-privado, esto nos permite lograr un mejor diagnóstico para generar políticas públicas óptimas y tomar las mejores decisiones en los distintos sectores”.
De esta manera, el análisis de la permisología regional abre una hoja de ruta técnica clave para reactivar los proyectos paralizados y reimpulsar el empleo en las distintas comunas del Biobío.
