Hay profesores que llegan a sus casas con las manos cansadas de escribir informes, pero con la tristeza de no haber tenido tiempo suficiente para preparar la clase que soñaban. Hay directores que conocen mejor las plataformas y formularios del sistema que las historias de algunos estudiantes que necesitan ser escuchados. Quizás allí se esconde una de las contradicciones más profundas de la educación chilena: mientras más exigencias acumula el sistema, menos tiempo tienen las escuelas para hacer aquello para lo que fueron creadas: enseñar.
La reciente crítica de la ministra de Educación María Paz Arzola González al exceso de normas y regulaciones abrió una discusión que durante años profesores y directivos han levantado silenciosamente. El problema no es que existan protocolos ni que se protejan los derechos de niños y jóvenes. El problema es que hemos terminado pidiéndole a las escuelas que vigilen, denuncien, contengan, administren y respondan a todo, dejando en segundo plano la tarea más importante: educar. En nombre de la calidad, muchas veces hemos terminado burocratizando la esperanza.
Hoy los establecimientos deben implementar protocolos de convivencia, violencia escolar, salud mental, ciberacoso, inclusión, Ley Karin y seguridad. A ello se suman registros de clases, informes PIE, rendiciones SEP, evidencias del PME y múltiples requerimientos provenientes de distintos organismos públicos. Cada nuevo problema parece traducirse en un nuevo protocolo y cada nueva crisis en una nueva plataforma. La escuela ha comenzado a cargar sobre sus hombros responsabilidades que antes pertenecían a toda la sociedad, pero sin que siempre lleguen los recursos, los equipos especializados y el tiempo necesario para responder a ellas.
La evidencia ha advertido este riesgo. Educación 2020 (2018) mostró cómo la sobrecarga administrativa limita el liderazgo pedagógico. Más recientemente, Weinstein y Moreira (2024) sostienen que la creciente complejidad del sistema amenaza la labor directiva, mientras que Weinstein y Muñoz (2025) plantean la necesidad de escuchar más a las comunidades educativas. Bellei (2025), por su parte, advierte que la lógica del control y la rendición de cuentas puede terminar desplazando el verdadero sentido de la educación.
La mayor injusticia es que hemos comenzado a pedirles a los profesores que sean administradores, mediadores, gestores emocionales y expertos en protocolos, olvidando que antes de todo ello son maestros. Personas que eligieron esta profesión por la convicción de que enseñar puede cambiar destinos. Ningún estudiante aprende más porque exista un archivo mejor ordenado; aprende más cuando encuentra a un docente con tiempo para acompañarlo, escucharlo y creer en él.
Chile no necesita menos derechos ni menos protección. Necesita menos burocracia y más confianza en sus escuelas. Porque el futuro de un país no se construye en una planilla Excel ni en un protocolo archivado. Se construye en ese instante silencioso y extraordinario en que un profesor logra que un niño descubra que es capaz de aprender, de soñar y de imaginar un futuro distinto al que parecía estar escrito para él.
