Diez regiones enfrentan esta semana alertas por el sistema frontal, con lluvias, vientos de hasta 100 km/h y riesgo de aluviones. El precedente es claro: el temporal de junio pasado entre Valparaíso y Biobío costó US$759 millones, según el Ministerio de Hacienda. Aun así, muchas empresas continúan exigiendo asistencia presencial pese al riesgo que enfrentan las personas en sus desplazamientos.
La flexibilidad laboral es, ante todo, una medida de prevención de riesgos: reduce los accidentes de trayecto, disminuye el ausentismo forzado y limita la exposición legal de los empleadores. España lo entendió así: ante alertas meteorológicas de alta gravedad, la legislación permite adaptar la jornada o implementar teletrabajo sin afectar la remuneración de los trabajadores.
Las organizaciones que cuentan con protocolos claros no solo protegen a sus equipos, sino que también aseguran la continuidad operacional y mantienen su productividad durante las emergencias. A nivel país, eso se traduce en mayor resiliencia, competitividad y crecimiento.
Chile necesita avanzar hacia protocolos claros y exigibles, que se activen cuando SENAPRED declare una Alerta Roja o las autoridades competentes adviertan condiciones de riesgo para la población.
Las organizaciones del futuro no serán las que mejor reaccionen ante las emergencias, sino aquellas que sepan anticiparse a ellas. Proteger a las personas no solo es una responsabilidad ética; también es una decisión estratégica que fortalece la productividad, la confianza y el desarrollo sostenible del país.
