En el momento más crítico de la emergencia, cerca de 30 mil familias de Quilpué se vieron afectadas por la interrupción del suministro eléctrico, situación que puso en riesgo la salud y seguridad de las personas, además de superar ampliamente los plazos reglamentarios para la reposición del servicio.
La acción judicial busca que se resguarden las garantías constitucionales de los que sufrieron grave perjuicio, entre ellos, adultos mayores, personas electrodependientes, familias, comerciantes, emprendedores y vecinos de la comuna, quienes enfrentaron las consecuencias de una prolongada interrupción del suministro eléctrico.
El recurso también releva la situación de los sectores rurales de Quilpué, donde la falta de electricidad afectó directamente el funcionamiento de los sistemas de Agua Potable Rural (APR), dejando a numerosas familias sin acceso al suministro de agua potable.
Al respecto, la alcaldesa Carolina Corti señaló: «Hoy estamos presentando este recurso de protección porque las fallas han sido realmente graves, evidenciando la falta de un plan de contingencia y prevención por parte de Chilquinta, situación que incluso hoy mantiene a algunos hogares sin el servicio completamente restablecido».
La jefa comunal agregó que esta acción se suma al oficio presentado ante el SERNAC, cuyo objetivo es resguardar los derechos de los vecinos afectados.
«Estamos buscando que existan sanciones, pero también compensaciones e indemnizaciones que sean proporcionales al daño ocasionado. Asimismo, esperamos que la empresa implemente un verdadero plan de respuesta para futuras emergencias, que contemple un aumento de cuadrillas para labores preventivas, como la poda de árboles, y un refuerzo efectivo de los equipos destinados a enfrentar este tipo de contingencias», concluyó.
El recurso de protección se fundamenta en la vulneración de derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la salud y el derecho de propiedad. Esto, considerando los perjuicios ocasionados por la pérdida de alimentos, el deterioro de electrodomésticos y los daños patrimoniales sufridos por cientos de familias de la comuna.
