La formalización de dos funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), fijada para el próximo lunes 27 de julio, marca un nuevo hito en la investigación por el megaincendio del 2 de febrero de 2024, tragedia que cobró la vida de 138 personas en la Región de Valparaíso.
Para las familias de las víctimas, la diligencia judicial no solo busca establecer responsabilidades individuales, sino que vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad del Estado en una de las mayores catástrofes de la historia reciente del país.
Según informó la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, ambos funcionarios serán formalizados por cuasidelito de homicidio, en el marco de una investigación separada de la causa principal. La indagatoria apunta a eventuales negligencias de funcionarios públicos durante la emergencia.
Claudio Rojas Ugalde, quien perdió a su madre, María Cristina Ugalde, en esta trágica jornada, afirmó que esta formalización representa un avance en la búsqueda de justicia, aunque sostiene que las responsabilidades trascienden a los funcionarios investigados.
«Ha sido negligencia de todas las áreas, no solo de directores de CONAF, sino de quienes debieron haber estado a la cabeza de dirigir toda esta catástrofe. Poder evacuar, organizar a la fuerza y todo lo que conlleva la emergencia. Yo estuve presente ahí y faltaba mucha dirección de personas más capacitadas para este tipo de eventos», señaló.
Rojas agregó que las familias esperan que la investigación continúe avanzando hasta establecer todas las responsabilidades. «Como familia esperamos que esto tome fuerza y celeridad, que no quede guardado en un escritorio, que se sigan investigando más autoridades, que se llegue hasta el fondo y que las personas involucradas respondan con penas efectivas.»
Las familias sostienen que, cuando las eventuales negligencias son cometidas por funcionarios que actuaban en el ejercicio de sus funciones, la responsabilidad no puede recaer únicamente en las personas investigadas, sino también en el Estado, que tiene el deber de proteger la vida de sus ciudadanos y de reparar el daño causado cuando ese deber no se cumple.
Rigoberto Saint Jean Medina, hijo de Alicia Medina Guerrero, fallecida en la tragedia, manifestó que existen otras autoridades cuya actuación también debe ser investigada. «Sabemos que hay otras autoridades que hoy siguen en sus cargos o fueron trasladadas a otros. No pueden excusarse y dejar toda la responsabilidad en CONAF o Senapred. Las alertas llegaron tardísimo y está comprobado que, si hubiesen sido oportunas, se habrían salvado muchas vidas, entre ellas la de mi madre.»
Las familias insisten en que la reparación no puede limitarse al ámbito judicial. Plantean que el Estado debe asumir una reparación integral, que incluya reconocimiento de su responsabilidad, apoyo efectivo a los afectados y garantías de no repetición.
La abogada Daniela Camilla, representante de un grupo de víctimas, sostuvo que la formalización constituye un paso relevante, pero advirtió que la investigación debe alcanzar todos los niveles de responsabilidad institucional.
Agregó que la «formalización de este lunes debe ser el inicio y no el fin de la búsqueda de responsabilidades. Al formalizar al señor Correa y al señor Atienza, quien verdaderamente se sienta en el banquillo es el propio Estado de Chile y su negligencia. Las familias exigen que respondan las verdaderas autoridades. Hablamos de 138 vidas perdidas en una tragedia que era evitable. La gestión de otras emergencias ha demostrado que Chile cuenta con herramientas para proteger a la población cuando las autoridades actúan a tiempo. Lo ocurrido el 2 de febrero de 2024 no fue falta de recursos, sino una omisión inexcusable del deber de protección del Estado.»
La audiencia de formalización permitirá conocer los antecedentes reunidos por la Fiscalía y marcará un nuevo capítulo en una investigación que, para los familiares de las víctimas, debe avanzar no solo hacia la determinación de responsabilidades penales individuales, sino también hacia el reconocimiento de la responsabilidad institucional del Estado y la adopción de medidas de reparación para quienes perdieron a sus seres queridos.
