En un trabajo conjunto que se extendió durante meses, la Fiscalía de Calama y la Policía de Investigaciones de Chile, lograron la desarticulación de una organización criminal que captaba mujeres vulnerables y las explotaba sexualmente en distintos domicilios de Calama.
Durante las diligencias se detuvo en total a seis personas, de nacionalidad peruana, quienes fueron formalizadas por el Ministerio Público por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos y asociación criminal.
La investigación, a cargo de la Agrupación Investigadora de Trata de Personas (BRIANT) de la PDI, permitió establecer que, al menos desde el año 2021, la organización habría captado y explotado sexualmente a mujeres extranjeras en condición de vulnerabilidad, obteniendo importantes ganancias económicas a partir de esta actividad ilícita.
Las diligencias se iniciaron con el análisis de publicaciones en plataformas de internet que ofrecían servicios sexuales. A partir de esa pista, mediante análisis criminal, inteligencia policial y la aplicación de técnicas especiales de investigación, el equipo investigador logró determinar el funcionamiento de la organización, la participación de sus integrantes y los lugares utilizados para la comisión de los ilícitos, antecedentes que permitieron ejecutar órdenes judiciales de entrada y registro en diversos domicilios
GRAVEDAD
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la calidad del trabajo investigativo realizado en este caso, que se extendió por meses y permitió no sólo la detención de los integrantes de la red y su formalización, sino que además poner a resguardo a una decena de mujeres víctimas de esta actividad ilícita.
“Estamos en presencia de un delito que nos parece de la mayor gravedad, porque afecta la dignidad misma de las personas, en este caso de mujeres en situación de vulnerabilidad, que eran captadas mediante ofertas laborales y sometidas a todo tipo de apremios por lo integrantes de esta organización”, precisó.
Castro Bekios llamó la atención respecto a las dificultades que tiene la investigación del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, por ser un ilícito que se comete en silencio, puesto que las víctimas muchas veces declinan denunciar al ser personas vulnerables y, la mayoría de las veces, extranjeras.
“Lo que les decimos como Ministerio Público es que no están solas, hay personas que las van a oír, la Fiscalía y la PDI van a investigar, y cuando lleguemos a los responsables, los vamos a detener, y a las víctimas las vamos a proteger”, recalcó el persecutor.
Por su parte, el Jefe de la Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Freddy Castro Crespo, destacó el trabajo especializado desarrollado por los detectives. “Este procedimiento evidencia las capacidades investigativas de la Policía de Investigaciones de Chile para enfrentar organizaciones criminales dedicadas a delitos de alta complejidad, donde el análisis criminal, la inteligencia policial y la aplicación de técnicas especializadas permiten afectar sus estructuras y proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. La trata de personas es un delito que vulnera gravemente la dignidad humana, por ello continuaremos fortaleciendo nuestro trabajo para identificar, investigar y desarticular estas redes criminales que operan en la región», dijo.
AUDIENCIA
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía durante la audiencia de formalización, la estructura criminal captaba principalmente a mujeres extranjeras mediante ofertas laborales engañosas, ocultando la verdadera naturaleza de la actividad para la cual eran reclutadas.
Posteriormente, las víctimas eran acogidas en distintos inmuebles administrados por la organización, donde sus condiciones de permanencia y desplazamiento quedaban sujetas al control de los imputados, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad para obtener beneficios económicos.
Durante la ejecución de las órdenes judiciales se realizaron allanamientos simultáneos en diversos inmuebles de la ciudad, procedimiento que permitió rescatar a diez víctimas de nacionalidad extranjera e incautar diversos elementos de interés para la investigación, además de dispositivos utilizados para procesar pagos electrónicos vinculados a la actividad ilícita.
La investigación también permitió reunir antecedentes respecto del funcionamiento financiero de la organización, estableciendo la utilización de sistemas de pago electrónico y otros mecanismos destinados a incorporar al sistema financiero formal recursos provenientes de la explotación de las víctimas.
De igual modo, durante los allanamientos se incautó una importante suma de dinero en efectivo, cuyo origen lícito no pudo ser justificado, además de registros contables que daban cuenta del funcionamiento de la organización.
Por solicitud del Ministerio Público, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cinco detenidos por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas, mientras que una sexta partícipe de los hechos quedó con otras medidas cautelares.
El plazo de investigación se fijó en 90 días, período durante el cual la Fiscalía y la PDI continuarán desarrollando diligencias destinadas a esclarecer completamente los hechos y determinar todas las responsabilidades penales que correspondan.
