Una ampliación de querella, por los delitos de falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y prevaricación administrativa, interpuso la Entidad Patrocinante Social Arquitectura Ltda. en contra de la Jefa del Departamento Jurídico del Serviu Valparaíso, Inés Pizarro Sandoval.
Esta ampliación forma parte de la querella criminal RIT 5900-2026, presentada por Social Arquitectura el pasado 5 de junio en contra del ministro de Vivienda Iván Poduje, el seremi de Vivienda Marcelo Ruiz y el director (s) del Serviu Valparaíso Rodrigo Muñoz, en el marco de la abrupta paralización de las obras de reconstrucción para 356 familias damnificadas del megaincendio en el sector de El Olivar, acción que ha derivado en numerosas querellas, recursos de protección y demandas civiles en contra de las autoridades del ministerio.
Según lo expuesto en la ampliación de la querella, la abogada Inés Pizarro, en su calidad de Jefa del Departamento Jurídico del Serviu, redactó y tramitó en forma íntegra la Resolución Exenta 3384 del 9 de abril, dictada por el director del Serviu por instrucción del ministro Iván Poduje. Esta resolución, manifiestamente injusta e ideológicamente falsa a juicio de los querellantes, dispuso instruir a los beneficiarios del término anticipado de los contratos suscritos con la EP Social Arquitectura y la constructora San Sebastián para la construcción de sus viviendas.
De acuerdo a lo explicado por la abogada Érika Maira, representante de EP Social Arquitectura, la Jefa del Departamento Jurídico del Serviu tramitó esta resolución “en pleno conocimiento de su absoluta falsedad, y a sabiendas de ser una resolución manifiestamente injusta, la que finalmente usa para impulsar las desvinculaciones contractuales de las familias de El Olivar las que son engañadas con el mérito de esta resolución”.
El texto agrega que la querellada realizó los actos necesarios para la falsificación ideológica de dicha resolución y la falsificación material de sus antecedentes de respaldo. Para ello, como se evidencia a través de correos electrónicos, la Jefa del Departamento Jurídico instruyó a los Inspectores Técnicos de Obra a emitir un informe técnico para sustentar las supuestas “graves fallas constructivas” que permitirían poner término anticipado al contrato. “La querellada redactó una resolución faltando a la verdad en hechos sustanciales, al afirmar que los Fiscalizadores Técnicos de Obra (FTO) habían emitido diversos informes técnicos que dan cuenta de la existencia de graves fallas constructivas, en circunstancias que los FTO no habían emitido dichos informes y menos sostuvieron la existencia de graves fallas constructivas”, explica Maira.
La ampliación de la querella agrega que, en su calidad de Jefa del Departamento Jurídico, a Inés Pizarro le corresponde “velar por el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos que atañen al Serviu y observar los actos y resoluciones del director y de los jefes de las unidades del Servicio cuando no se ajusten a las leyes, reglamentos o normas vigentes”.
No obstante, según apunta la querella, la funcionaria presenció cómo, mediante el Ordinario N° 245 de 24 de marzo de 2026, el ministro Iván Poduje paralizó ilegalmente las obras de los 12 contratos de construcción de proyectos habitacionales de El Olivar, arrogándose atribuciones que estaban conferidas exclusivamente a los Inspectores Técnicos de Obra del Serviu, y además suspendió ilegalmente la ejecución de los contratos, arrogándose facultades exclusivas del director del servicio.
Al quedar en evidencia que el ministro no tenía competencia para paralizar las obras, pues esto es potestad del Serviu, la querellada redactó la Resolución 3383 del 9 de abril de 2026, suscrita por el director (S) del Serviu, pretendiendo subsanar así la ilegalidad de la paralización impuesta por el ministro fuera de sus facultades.
“La resolución en su parte final ordena la ‘paralización inmediata e indefinida de todas las obras de construcción’, en abierto desapego a la realidad, ya que habían sido paralizadas por el ministro 15 días antes, y por otro lado en abierta contravención a la Ley General de Urbanismo y Construcción, que indican que la paralización nunca puede ser indefinida, ya que es un acto transitorio en esencia, y su finalidad es dar traslado a los contratistas para subsanar observaciones respecto de las obras, como aquí debió ocurrir, pero se ha impedido hasta el día de hoy”, explica Maira.
Cabe señalar que la querella en contra de las autoridades del ministerio de Vivienda ya fue acogida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar bajo el RIT 5900-2026 y enviada a la Fiscalía de Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso para su investigación.
