La iniciativa surge tras el millonario operativo desplegado en el Cajón del Maipo y busca establecer sanciones para quienes, de manera consciente e injustificada, incumplan las instrucciones de la autoridad durante emergencias, poniendo en riesgo sus vidas y obligando al Estado a destinar cuantiosos recursos para su rescate.
A raíz del reciente operativo de búsqueda y rescate realizado en el Cajón del Maipo, que movilizó durante varios días a equipos especializados y significó un importante despliegue de recursos públicos, diputados de la Bancada de Renovación Nacional ingresaron un proyecto de ley que sanciona el incumplimiento consciente de órdenes de evacuación o de prohibiciones de ingreso a zonas de riesgo, estableciendo además la obligación de reembolsar al Estado los costos extraordinarios que generen estas conductas.
La iniciativa es presentada entre otros por los diputados Mauro Gonzalez, Diego Schalper, Eduardo Durán y los integrantes de la Comision de Emergencias, Claudia Mora y Rodrigo Ramírez.
El proyecto busca llenar un vacío de la legislación vigente, estableciendo consecuencias para quienes, con pleno conocimiento y sin una causa justificada, desacaten las instrucciones impartidas por la autoridad durante una emergencia, obligando posteriormente al despliegue de complejos operativos de búsqueda y rescate. La propuesta deja expresamente establecido que el deber del Estado de salvar vidas no cambia ni se condiciona, pero que quienes actúen con negligencia consciente deberán responder posteriormente por las consecuencias de sus actos.
El diputado Mauro González explicó que el objetivo es generar responsabilidad frente a conductas que ponen en riesgo no solo a quienes las realizan, sino también a los equipos de emergencia.
«El que, a sabiendas y sin causa justificada, no obedece una orden de la autoridad para evacuar, o la prohibición de ingreso, o la permanencia en una zona determinada, debe ser sancionado con presidio menor o una multa entre 11 y 50 UTM. Además, si esta desobediencia provoca el despliegue operativo de búsqueda y rescate, los sancionados deben reembolsar todos los costos, todos los gastos a la administración del Estado que fueron originados por su negligencia.»
Desde Renovación Nacional señalaron que la propuesta no busca castigar a quienes sufran un accidente o requieran ayuda durante actividades recreativas, sino exclusivamente a quienes, conociendo una orden oficial y sin justificación alguna, decidan incumplirla deliberadamente y exponerse imprudentemente al riesgo. Tampoco se aplicará a quienes desconocían la orden, estaban impedidos de cumplirla, permanecieron en el lugar para auxiliar a terceros o contaban con autorización para ingresar a la zona afectada.
Los parlamentarios destacaron que la experiencia internacional demuestra que este tipo de medidas ya existe en diversos países, donde se sanciona la desobediencia de órdenes impartidas durante emergencias y se permite recuperar los costos de rescates generados por conductas irresponsables, compatibilizando siempre el deber incondicional del Estado de proteger la vida con la responsabilidad posterior de quienes infringen deliberadamente las normas de seguridad.
