Los diputados Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu llamaron al Gobierno y al CDE a perseguir las responsabilidades que existan y lograr la restitución de los fondos involucrados.
La jefa y el subjefe de la Bancada de la UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, respectivamente, junto con el diputado y ex integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Daniel Lilayu, solicitaron al Gobierno iniciar todas las acciones que estén a su alcance para lograr la restitución de los recursos que habrían sido obtenidos de forma fraudulenta en el caso de Bernarda Vera, quien pese a figurar en el Informe Rettig como víctima de desaparición forzada fue hallada viviendo en Argentina.
Al respecto, cabe recordar que a fines de septiembre del año pasado, un reportaje emitido por Chilevisión dio con el paradero de una mujer en Argentina, quien presuntamente correspondía a Bernarda Vera. Dicha información fue confirmada posteriormente por la administración anterior, que reconoció que un año antes, en junio de 2024, ya había recibido los primeros antecedentes contradictorios sobre el caso, luego de que el Gobierno de Suecia notificara a Chile que había otorgado nacionalidad –en calidad de refugiada– a una persona identificada con el mismo nombre.
Sin embargo, la información definitiva fue ratificada este lunes por el Poder Judicial, tras confirmar que un examen de ADN realizado por el Servicio Médico Legal (SML) concluyó que existe una probabilidad superior al 99,999% de que la mujer hallada en Argentina corresponde a Bernarda Vera.
En ese sentido, los parlamentarios gremialistas recordaron un oficio que enviaron en esa fecha al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que confirmó que, por figurar individualizada en el Informe Rettig, se otorgó una pensión a la madre de la mujer hasta su fallecimiento y a su hija hasta que cumplió 25 años, quien posteriormente volvió a recibir otro beneficio económico por causal de discapacidad, que se continúa pagando actualmente por un monto mensual de casi $800 mil pesos.
Pero además, en la misma respuesta el IPS señaló que, «de variar la condición de víctima de la señora Vera Contardo», escenario que debería producirse tras la confirmación realizada por el Poder Judicial, «se realizarán todas las gestiones pertinentes para recuperar los pagos indebidamente percibidos».
Por lo mismo, los diputados Weisse, Bobadilla y Lilayu solicitaron al Ejecutivo, así como al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que puedan iniciar las acciones pertinentes para recuperar los recursos que se pagaron a los familiares de Bernarda Vera, asegurando que «si por años o décadas se entregaron dineros públicos de forma fraudulenta, lo que corresponde es que sean restituidos en su totalidad».
«Lo que ha confirmado el Poder Judicial es de la máxima gravedad y amerita que el Gobierno ejerza todas las acciones que tenga a su alcance. Durante años e incluso décadas el Estado reconoció como víctima a una persona que estaba viva y otorgó millonarios recursos a sus familiares. Por lo tanto, no basta con que el caso llegue hasta aquí. Lo que corresponde es recuperar todos los fondos públicos que se hayan obtenido de manera fraudulenta y, además, perseguir las eventuales responsabilidades que puedan existir. Los recursos del Estado pertenecen a todos los chilenos y nadie puede pretender enriquecerse a costa de un engaño que se prolongó durante años», cuestionaron los legisladores UDI.
