La legisladora Republicana sostuvo que “no podemos seguir permitiendo que activistas políticos ocupen el lugar de las familias para instrumentalizar a los estudiantes”.
Luego del grave caso protagonizado por un grupo de “overoles blancos” que salió desde el Instituto Nacional y lanzó bombas molotov a las afueras del recinto, impactando a un vehículo donde se encontraban dos menores de edad de 6 y 7 años, la diputada del Partido Republicano e integrante de la comisión de Educación de la Cámara, Paz Charpentier, señaló que pedirá que dicha instancia ponga en tabla su proyecto que regula la figura del “apoderado delegado”, también conocido como “multiapoderados”.
Lo anterior, fundado en la denuncia del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, respecto de la presencia de adultos externos en los incidentes registrados a las afueras del otrora liceo emblemático.
“No podemos seguir permitiendo que activistas políticos ocupen el lugar de las familias para instrumentalizar a los estudiantes y utilizar los colegios como plataformas ideológicas”, aseveró la parlamentaria.
En esta línea, la autora de la moción añadió que “debemos cerrar este vacío, fortalecer el rol de los padres y proteger a las comunidades educativas de quienes promueven la violencia y el adoctrinamiento”.
Para Charpentier, se ha hecho evidente el “deterioro de los liceos emblemáticos, que antes eran los principales establecimientos educacionales públicos del país, pero los constantes hechos de violencia han llevado a que estos recintos hayan perdido el prestigio y la calidad que alguna vez tuvieron”.
“También es evidente que detrás de esta situación existen personas adultas que incentivan estas conductas y que generalmente pertenecen a colectivos o agrupaciones políticas”, argumentó la representante del Distrito 20, coincidiendo con la denuncia del SLEP Santiago Centro.
La parlamentaria recordó que el fenómeno de adultos que se definen como “‘apoderados delegados’ no tiene una regulación específica en la normativa educacional chilena, lo que genera graves riesgos y nudos críticos que no se logran resolver por los reglamentos de las comunidades educativas”.
“Por ello, ante la ausencia de un marco regulatorio se debería exigir un vínculo de consanguinidad, afinidad o tutoría legal demostrable, de lo contrario la figura del ‘apoderado delegado’ o ‘multiapoderados’ se vuelve vulnerable a la manipulación por parte de colectivos, agrupaciones políticas o actores externos al núcleo familiar”, añadió la diputada.
“El proyecto de ley no busca prohibir una realidad que responde a la necesidad de las familias trabajadoras, sino formalizarla, limitarla y dotarla de seguridad jurídica, resguardando siempre el interés superior del niño consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y ratificado por Chile”, cerró Charpentier.
