Las familias afectadas por el megaincendio que devastó Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana manifestaron su decepción tras la jornada de formalización de funcionarios de CONAF, asegurando que, pese al avance judicial, persiste una profunda sensación de abandono e indefensión.
Para los damnificados, la audiencia representa solo un primer paso en una causa que, a su juicio, debe extenderse hacia todas las autoridades que tuvieron responsabilidades en la prevención, coordinación y respuesta frente a una de las mayores tragedias ocurridas en la historia reciente del país.
Para Noemí Cabello, que perdió a sus padres en el incendio, la audiencia solo le dejó una profunda decepción:
«Las familias esperaban señales claras de que la justicia avanzaría sin excepciones. Sin embargo, hoy sienten que aún falta investigar a quienes tomaron decisiones y tenían la obligación de proteger la vida de las personas».
Los deudos sostienen que, más de dos años después del incendio que cobró la vida de 138 personas y dejó miles de damnificados, continúan enfrentando un proceso marcado por la lentitud y la incertidumbre. A ello suman la demora en la reconstrucción y la ausencia de una reparación integral por parte del Estado.
El abogado de las familias, Felipe Olea, afirmó que la formalización de funcionarios de CONAF no puede convertirse en el punto final de la investigación.
«Las víctimas tienen derecho a conocer toda la verdad. No basta con perseguir responsabilidades operativas; también deben investigarse las eventuales responsabilidades de quienes ejercían cargos de dirección y tenían el deber legal de adoptar decisiones que pudieron evitar esta tragedia», sostuvo.
Los afectados recalcaron que seguirán impulsando acciones judiciales para que la investigación abarque todas las aristas del caso y permita establecer responsabilidades sin distinción de cargos o funciones y no descartan pedir cambio de fiscales.
La búsqueda de justicia no solo apunta a obtener sanciones penales, sino también a garantizar que una tragedia de esta magnitud no vuelva a repetirse y que el Estado, asuma plenamente su deber de reparación, hacia quienes perdieron a sus seres queridos y sus hogares.
