En días recientes, el Presidente de la República instó a las y los congresistas a resolver, con buena disposición y rapidez, el punto que quedaba por dirimir para la aprobación de la “megareforma”. Lo hizo desde Penco, aludiendo a lo “golpeada” que ha sido la zona con incendios y anegamientos, y haciendo énfasis en la importancia de estar unidos frente a las catástrofes y a temas presupuestarios. Desde ahí, describía que el proyecto de ley por aprobar promovería la inversión, que generaría trabajo, que se transformarían en más recursos para el Estado, para poder “ir en ayuda de nuestros compatriotas”.
Hay algunas paradojas en la convocatoria a estar unidos en la catástrofe y los presupuestos. Por una parte, mientras se busca reducir el gasto fiscal, estas catástrofes obligan a disponer de recursos económicos que, en este caso, se han canalizado como gastos extraordinarios desde la alerta preventiva y como reasignaciones presupuestarias para disponer de los recursos para ir en ayuda de nuestros compatriotas. No hay cuestión en cuán necesarios son estos recursos, sino, por una parte, una preocupación por no tenerlos considerados en el presupuesto cuando son descritos como parte de los riesgos del calentamiento global (y derivado cambio climático), y se estima que cada vez sean más frecuentes. Preocupante es también considerando que el proyecto aprobado luego de la convocatoria que hiciera el Presidente, según estimaciones de crecimiento, generaría saldos positivos para la recaudación fiscal de entre el 0,48% y 0,71% del PIB al 2050 mientras que, para el mismo año, informes estiman que el gasto generado en un escenario de inacción frente al cambio climático por parte del país implicaría, anualmente, un costo entre 1,46% y 1,59% del PIB.
Sabemos que no estamos en un escenario de inacción, pues que el país tiene un conjunto de instrumentos de gestión del cambio climático, desde la Estrategia Climática de Largo Plazo, hasta los Planes de Acción Comunales aún en elaboración. Pero también, además de los recursos necesarios para reaccionar a una catástrofe, sabemos también que estas, sean de origen natural o antrópico, no solo destruyen infraestructura e interrumpe actividades económicas, sino que arriesga vidas, y profundiza las desigualdades territoriales y sociales ya existentes.
Desde ahí, consideramos que los eventos climáticos y legislativos de los últimos días nos muestran un problema que excede el balance de ingresos y gastos, y que radica más bien en la aparece oposición que se ha ido construyendo discursiva y normativamente entre el crecimiento económico, la protección social y la sostenibilidad ambiental. En esta construcción de una falsa disyuntiva, la falta de prevención de riesgos, la reducción de capacidades del Estado y la concentración económica puede contribuir a mostrar una mayor eficiencia y mejores indicadores económicos al corto plazo, pero posterga ciertos costos que pueden derivar en mayor vulnerabilidad territorial, mayor gasto en emergencia, menor productividad, y una falta de confianza respecto de las posibilidades de mejorar las condiciones de vida.
Quisiéramos que las personas no tengan que ser ayudadas (a excepción de las catástrofes), sino que sean parte participante y vinculante de la definición de políticas integradas que convoquen a la unión de las dimensiones que hoy se proponen como contradictorias. Ejemplos de estas se pueden encontrar en las propuestas de protección social adaptativa que se vienen promoviendo en Chile desde organismos internacionales como el PNUD, que integra políticas de protección social, gestión de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático, Asimismo, se pueden encontrar en las propuestas de políticas asociadas a transiciones justas que, más allá de los procesos de descarbonización de las matrices energéticas, apuntan a una economía baja en carbono que integre el trabajo decente, la protección social y la sostenibilidad en un proceso sinérgico de diversificación económica en actividades sostenibles (en que Chile ya cuenta con una taxonomía para su caracterización), que generen trabajo decente e inclusivo, aumento de los ingresos ficales, y ampliación de la cobertura y beneficios de una protección social.
Protección social, sostenibilidad y crecimiento son dimensiones necesarias de integrar para promover la resiliencia territorial, porque no podemos ni queremos seguir siempre “ayudando”.
