La diputada María Francisca Bello (FA) manifestó su preocupación por los daños provocados por el último sistema frontal en los Servicios Sanitarios Rurales de la Región de Valparaíso y llamó al Gobierno a disponer recursos extraordinarios para reparar su infraestructura y asegurar el abastecimiento de agua en las comunidades afectadas.
Según el informe regional de emergencias de la Dirección de Obras Hidráulicas, 101 sistemas reportaron problemas producto del evento meteorológico registrado entre el 15 y el 21 de julio. Aunque 84 ya lograron normalizar su funcionamiento, otros 17 continuaban con afectaciones al cierre del reporte. El catastro contabiliza 17 emergencias graves, además de daños moderados y leves vinculados a cortes de electricidad, turbiedad, inundaciones, roturas de matrices y afectaciones estructurales.
La provincia de Petorca concentra el mayor número de casos, con 43 sistemas afectados, seguida por Quillota, San Felipe, Los Andes y Marga Marga. Entre los episodios más delicados se encuentra el daño crítico en la Aducción Río Petorca, cuyas fallas dejaron sin suministro o con producción restringida a distintas comunidades que dependen de esa infraestructura. También se registraron daños en captaciones, pozos, estanques y redes de distribución en comunas como Nogales, Olmué, La Ligua y San Esteban.
“Los Servicios Sanitarios Rurales son fruto de décadas de trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades organizadas. Llegar a tener más de 2.200 sistemas funcionando en Chile ha significado una inversión pública importante y el compromiso permanente de dirigentes y vecinos. Ese esfuerzo no puede abandonarse ahora, cuando la emergencia climática dañó infraestructura esencial para miles de familias. El Gobierno debe proteger lo construido y entregar los recursos necesarios para su recuperación”, señaló Bello.
La parlamentaria pidió al Ejecutivo coordinar un plan especial de recuperación que contemple financiamiento directo para reparaciones, apoyo técnico de la Dirección de Obras Hidráulicas, generadores eléctricos, combustible, camiones aljibe y obras de protección para captaciones, pozos y aducciones expuestas a nuevas crecidas.
“No basta con celebrar que un sistema volvió a funcionar gracias a un generador arrendado o al esfuerzo de sus propios dirigentes. Hay daños que requieren soluciones definitivas y recursos que los comités y cooperativas no tienen. Apoyar estas aguas públicas y comunitarias es proteger el derecho al agua de miles de familias rurales”, agregó.
Bello recalcó que la recuperación también debe incluir medidas preventivas frente a futuros eventos climáticos. “La emergencia demostró la fragilidad de una infraestructura esencial. El Gobierno debe actuar ahora, reparar lo dañado y fortalecer estos sistemas para que la próxima lluvia no vuelva a dejar a comunidades completas sin agua potable”.
