Después de que el Parlamento aprobara un paquete de medidas a favor de la economía de mercado, el régimen de Cuba anunció la apertura a los privados de amplios sectores de su economía como gasolineras, farmacias y energías renovables.
De esta forma, ramas enteras de la economía como distribución de gasolina, servicios farmacéuticos y ópticos, residencias de ancianos, terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, energías renovables y operaciones petroleras y mineras (bajo ciertas condiciones se abren a la inversión privada, según comunicados oficiales difundidos por los medios estatales.
El gobierno comunista redujo el número de actividades prohibidas a las empresas privadas, después de que el Parlamento aprobó el 18 de junio el paquete de 176 medidas a favor de la economía de mercado.
Las nuevas regulaciones amplían «de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados», según los medios estatales.
La atención sanitaria seguirá siendo una «responsabilidad del Estado» y «la actividad médica (…) continúa garantizada a la población cubana con servicios hospitalarios gratuitos», precisaron los medios estatales.
La educación, otro de los pilares de la revolución cubana que ha sido severamente castigado por la crisis económica, también continúa siendo competencia del sector público, aunque con una apertura para guarderías, clases de idiomas y tutorías.
Otros sectores que permanecen bajo control estatal incluyen los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la seguridad y la defensa, así como la industria del tabaco.
Estos anuncios a favor de una economía de mercado marcan un punto de inflexión histórico para Cuba y su economía socialista de planificación centralizada, que lleva años sumida en una profunda crisis, agravada por las sanciones de Washington.
El presidente estadounidense Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre este país de 9,4 millones de habitantes.
Al embargo económico vigente desde 1962, Trump sumó en enero un bloqueo petrolero y una batería de sanciones adicionales contra empresas y dirigentes cubanos, que ha llevado a la economía de la isla al borde del colapso, con cinco apagones generalizados en lo que va de año, así como escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicamentos.
Trump afirma que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con «tomar el control» del país.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó el domingo a Washington de intentar «apropiarse del país» mediante lo que demostró una «política genocida».
Al anunciar las reformas, el gobierno también aseguró que aceleraría la aprobación de las pequeñas y medianas empresas que autorizó en 2021.
Según las autoridades, más de 15.000 pequeñas y medianas empresas funcionan en la isla, cifra que refleja un impulso reciente al proceso de aprobación de estos negocios, que emplean a más de un tercio de la población activa.
Reunida en sesión ordinaria este miércoles, la Asamblea Nacional del Poder Popular, examinó varios proyectos de ley relacionados con la agricultura, la vivienda, la reorganización administrativa y la legislación laboral.
En el sector agrícola, se mantiene la propiedad estatal de la tierra, pero se prevé una ampliación significativa de las condiciones de usufructo para agricultores, cooperativas y empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.
Respecto a la vivienda, los cubanos podrán poseer dos casas en la ciudad (hasta ahora solo podían tener una) y también se permitirán las hipotecas.
