En el Foro Internacional de Crimen Organizado, que se desarrolló en la Universidad San Sebastián, el secretario de Estado sostuvo que el fenómeno debe abordarse como una «actividad económica» cuyo fin primario es la ganancia, advirtiendo que Latinoamérica enfrenta el escenario de violencia más crítico del mundo.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que el combate al crimen organizado debe centrarse en debilitar las finanzas de las organizaciones criminales, priorizando la persecución patrimonial por sobre la detención aislada de sus últimos eslabones operativos. La autoridad realizó estas declaraciones durante la apertura del Foro Internacional de Crimen Organizado: «Seguridad, justicia y cooperación frente a una amenaza global», organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, a través de su Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO-USS).
Durante su intervención, el secretario de Estado afirmó que «el crimen organizado es una actividad económica» cuyo objetivo central no es el poder político, sino la obtención de ganancias ilícitas. En esa línea, remarcó la necesidad de dar un paso más allá en la respuesta penal y concentrar los esfuerzos en desarmar las estructuras financieras del delito, sosteniendo que «no basta con perseguir el delito. Hay que golpear su rentabilidad. Es la razón por la que la persecución patrimonial y operaciones como la Operación Tokio son tan relevantes. Porque buscan desarticular la estructura desde arriba».
Asimismo, la autoridad recalcó que «vivimos en la región más violenta del mundo», agregando que «se estima que en Chile operan más de 10 grupos transnacionales organizados, grupos relevantes», enfatizando en los riesgos sobre la gobernabilidad y el control territorial que implican estas bandas para el Estado.
Fortalecer las capacidades del Estado: bienes, inteligencia y coordinación institucional
Junto con el desafío de afectar la rentabilidad de las organizaciones criminales, el foro abordó la necesidad de fortalecer las herramientas con que cuenta el Estado para perseguir y desarticular estas estructuras.
En ese contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, adelantó que la cartera está trabajando en un proyecto para crear una agencia que administrará y liquidará los bienes provenientes del delito, con el objetivo de avanzar en una gestión más efectiva del patrimonio incautado. «Hoy se dicta una (medida) cautelar real, y hasta que la sentencia definitiva no se pronuncie con el comiso, sigue el imputado administrando sus bienes», explicó, agregando que con ello el resultado de los bienes rematados quedarán en poder del fisco.
Desde otra perspectiva, el exministro de Seguridad, Luis Cordero, puso el foco en la capacidad de las instituciones para implementar nuevas herramientas de seguridad pública y advirtió que «si nos equivocamos en implementar la Ley de Seguridad Municipal, el ecosistema de seguridad pública fracasó». En esa línea, llamó a preguntarse si las autoridades que reciben información de inteligencia están preparadas para ello y para implementar medidas acordes.
Asimismo, el fiscal Héctor Barros abordó la necesidad de una mayor articulación en materia de inteligencia financiera, planteando que «en la Ley de Inteligencia Financiera, le daría facultades a la UAF para que pueda articular al sector público con el privado, en este caso con las instituciones financieras, a fin de que incluso previo a los reportes pudiese haber un intercambio de información. El sistema está llegando muy atrasado y es porque cada institución o cada oficial de cumplimiento tiene a la vista un hecho en particular».
De la instancia también fueron parte el exministro del Interior e investigador CESCRO-USS, Jorge Burgos; la directora del Programa Parceros de la Alcaldía de Medellín, Paulina Patiño; y el presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF), Matías Álvarez.
Delitos asociados al crimen organizado aumentaron 44,9% en tres años
Durante el foro se presentó la tercera edición del Indicador Nacional de Crimen Organizado 2026, elaborado por CESCRO-USS, que revela un aumento de un 9,9% de estos delitos entre 2024 y 2025, pasando de 86.323 a 94.874 casos. Esta tendencia se profundiza al comparar con 2022, cuando se registraban 65.454 delitos, lo que representa un incremento acumulado de 44,9% en tres años.
El informe además muestra que la corrupción fue la dimensión que presentó el mayor crecimiento entre 2024 y 2025, con un aumento de 62,9%, seguida por organizaciones criminales (27,0%) y otros delitos organizados (26,4%). Asimismo, el análisis advierte que una de cada cuatro comunas del país presenta un perfil crítico frente al crimen organizado, mientras que Tarapacá lidera la tasa nacional, con 983,3 delitos por cada 100 mil habitantes.
