La confirmación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Terminal 2 por parte del Comité de Ministros reabrió el debate sobre las consecuencias negativas que la expansión portuaria podría tener sobre la comuna de Valparaíso. Esto porque las implicancias del proyecto trascienden incluso la actividad pesquera, pudiendo afectar al patrimonio, los oficios marítimos y la relación entre la ciudad y su borde costero.
En ese contexto, desde el Sindicato de Pescadores Independientes Sudamericana, recordaron que durante la jornada del pasado martes se rindieron testimonios en el marco del juicio que mantienen con la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), para anular su traslado por la construcción del Terminal 2. Allí, testigos advirtieron sobre el grave impacto que ha tenido y podría llegar a causar un avance concreto del “del proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL)”.
Entre ellos, destacan los dichos del artista visual y Ciudadano Ilustre de Valparaíso, Gonzalo Ilabaca, quien recordó que la controversia en torno al Terminal 2 se vincula con la expulsión de los pescadores de la ex Caleta Sudamericana y advirtió que las medidas de mitigación y compensación nunca fueron equivalentes al daño provocado, por lo que sus consecuencias persisten hasta hoy.
«Valparaíso es una ciudad oceánica y, por lo tanto, todos los oficios marítimos, tanto los portuarios como los pescadores, los lancheros y el dique, deben estar presentes en lo que sucede en el borde costero y en la ampliación portuaria, porque este proyecto afectará a la ciudad en los próximos 50 años», enfatizó Ilabaca.
Asimismo, el artista sostuvo que los impactos del Terminal 2 trascienden a los pescadores y alcanzan a toda la ciudad, comprometiendo el patrimonio y la relación entre Valparaíso y su borde costero: «El trato que ha dado la EPV a la ciudad con el Proyecto Portuario T2 es el proyecto más malo para la ciudad y el más barato para el Estado; toda la ciudad es afectada por esto y, en particular, los pescadores».
En la misma línea declaró Manuel Olivares, extrabajador que durante cerca de cinco décadas reparó embarcaciones de pescadores y del Muelle Prat. Su testimonio dio cuenta del impacto humano que tuvo el traslado de la actividad pesquera desde la ex Caleta Sudamericana: «Cuando hubo este conflicto los echaron a todos y a mí me dejaron sin mi fuente de trabajo. Trabajé por 50 años en la orilla (…) hasta el día de hoy no me dejan entrar».
Asimismo, Olivares recordó que la construcción de una nueva caleta, comprometida para los pescadores tras su salida de la ex Caleta Sudamericana, nunca se concretó: «Tengo entendido que se les iba a hacer una caleta aparte porque iban a ocupar esos sitios (…) y hasta el día de hoy no se ha hecho nada».
Por su parte, el exdirigente portuario y ex presidente de la Confederación de Gente de Mar (CONGEMAR), Jorge Bustos, sostuvo que el desarrollo portuario debe compatibilizarse con las demás actividades que se desarrollan en el borde costero y recordó que la pesca forma parte del patrimonio que distingue a Valparaíso: «Si bien es cierto la ley le permite a la EPV administrar, también le exige preocuparse de otras actividades que se realizan en el borde costero, una de ellas la pesca, que además es protegida por la declaración de Patrimonio de la Humanidad definida por la UNESCO”.
Para los representantes del Sindicato SIPSA, estos testimonios evidencian que, mientras el Estado impulsa un nuevo avance del Terminal 2, persisten las consecuencias sociales, laborales y patrimoniales derivadas del proceso que comenzó con la salida de los pescadores de la ex Caleta Sudamericana hace más de una década: «En Valparaíso no puede hablarse de desarrollo portuario mientras siga existiendo una deuda pendiente con los pescadores artesanales de la ex Caleta Sudamericana. La expansión del puerto no puede construirse sobre el sacrificio de comunidades que fueron desarraigadas de sus lugares de trabajo, ni sobre el deterioro del patrimonio, de los oficios marítimos y de la identidad histórica de nuestra ciudad”, señaló el abogado Jorge Valenzuela.
Respecto al proceso que llevan adelante los trabajadores de SIPSA, la abogada Dangeri Godoy explicó que: «La decisión del Comité, que confirma esta Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Terminal Cerros de Valparaíso, lo que hace es cerrar la etapa de reclamaciones administrativas en materia ambiental y mantiene vigente la autorización ambiental del proyecto. Sin embargo, esa resolución es independiente del juicio que actualmente se tramita ante el Quinto Juzgado Civil de Valparaíso, donde lo que estamos discutiendo es la legalidad del acuerdo marco que dio origen al traslado de los pescadores de la ex Caleta Sudamericana».
