La organización advierte que el país ha destinado más de mil millones de dólares tras diferentes eventos climáticos extremos, y plantea que la adaptación debe convertirse en una política de Estado para reducir los impactos humanos y económicos de futuras emergencias.
En los últimos años, Chile ha destinado más de US$1.000 millones a enfrentar algunos de los principales desastres asociados a precipitaciones extremas de la última década. Sin embargo, expertos advierten que el país sigue planificando ciudades, infraestructura y territorios bajo un paradigma climático que ya cambió. Mientras un nuevo sistema frontal afecta gran parte del país, Greenpeace llamó a acelerar la adaptación climática y dejar de concentrar los esfuerzos únicamente en reconstruir después de cada emergencia.
Según datos recabados por la organización, solo las inundaciones de junio de 2023 representaron un costo fiscal de US$536 millones, mientras que los aluviones que afectaron Atacama y Antofagasta en 2015 obligaron al Estado a movilizar más de US$500 millones para la reconstrucción. A esto se suman las inversiones realizadas para reparar los socavones de Viña del Mar, que a 2025 ya superaban los $32.000 millones, y los nuevos recursos extraordinarios que comenzaron a activarse en los últimos días para enfrentar el más reciente sistema frontal.
«Cada vez que enfrentamos un temporal importante volvemos a preguntarnos si habrá inundaciones, cortes de servicios o daños en infraestructura. Sin embargo, seguimos discutiendo muy poco cómo evitar que estos eventos se transformen en desastres. La adaptación climática no puede seguir siendo una respuesta reactiva; debe convertirse en una prioridad permanente para proteger a las personas y al país«, señala Roxana Núñez, encargada de Incidencia de Greenpeace Andino,
Greenpeace recordó que los eventos meteorológicos extremos forman parte de la variabilidad natural del clima, pero advirtió que la crisis climática incrementa el riesgo de impactos más severos, haciendo aún más urgente fortalecer la resiliencia de ciudades, infraestructura y comunidades, haciendo un llamado a avanzar en una estrategia nacional de adaptación climática que priorice la prevención, la planificación territorial, la protección de infraestructura crítica y soluciones que permitan reducir los costos humanos, sociales y económicos de futuras emergencias.
De acuerdo con los expertos, el principal problema ante estos eventos extremos no está en la respuesta, sino en la falta de planificación para minimizar sus efectos, y coinciden en que el mayor riesgo surge no desde el fenómeno natural específico, sino desde la vulnerabilidad de los territorios. En general, existe un consenso sobre que la adaptación al cambio climático no consiste únicamente en responder mejor a las emergencias, sino en tomar decisiones distintas sobre cómo planificamos, protegemos e invertimos en nuestros territorios para reducir los riesgos antes de que ocurran los próximos desastres.
Para Cecilia Ibarra, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y profesora asistente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, nuestro país mantiene importantes deudas en prevención, regulación e inversión frente a los eventos extremos. “La prioridad es prevenir, y para eso se necesita regular e invertir”, sostiene. Esto implica mantener altos estándares de evaluación ambiental, actualizar los planes reguladores, conservar cauces y reforzar riberas, además de incorporar criterios climáticos en las inversiones destinadas a prevenir inundaciones y remociones en masa.
Por su parte, Pamela Smith, también investigadora del CR2 y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, señala que este sistema frontal vuelve a mostrar que el riesgo no es únicamente meteorológico, sino también territorial. “Chile ha planificado históricamente pensando en un clima estable, cuando la evidencia acumulada, especialmente en los últimos años, muestra que la variabilidad climática está aumentando la frecuencia e intensidad de estos fenómenos”, advierte. De acuerdo con la experta, esta falta de planificación adecuada deriva en que los mayores daños se den en quebradas, planicies de inundación y sectores cercanos a humedales, reflejando el impacto acumulado de decisiones de planificación territorial que no incorporaron adecuadamente el riesgo, y son las comunidades más vulnerables las que enfrentan las consecuencias más severas de esta negligencia.
De acuerdo con Gabriela Azócar de la Cruz, investigadora asociada del CR2 y coordinadora académica del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de la Universidad de Chile, los ecosistemas cumplen un rol fundamental en la reducción del riesgo de desastres socioambientales. «Invertir en la protección y conservación de estos ecosistemas puede ser más efectivo y eficiente que construir infraestructuras de alto costo orientadas a resolver problemas puntuales», afirma. Explica que humedales, bosques, cuencas y otros ecosistemas actúan como mitigadores naturales al abordar simultáneamente distintos riesgos. Por ejemplo, un bosque puede disminuir la probabilidad de remociones en masa, favorecer la infiltración del agua durante lluvias intensas y generar paisajes más resilientes frente a incendios forestales. Además, destaca que estos ecosistemas aportan beneficios que van más allá de la reducción del riesgo, como la regulación de la temperatura, la mejora de la calidad del aire y el desarrollo de actividades recreativas y económicas.
Azócar señala que Chile cuenta con una política nacional renovada orientada a fortalecer la preparación y la prevención frente a los desastres, y destaca que los eventos recientes muestran avances en la capacidad de respuesta, especialmente en la zona centro-sur del país. Sin embargo, advierte que una de las principales lecciones que dejan los sistemas frontales es la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo en la zona norte y de avanzar hacia una planificación adaptada a las características climáticas, territoriales y sociales de cada lugar. «Una política nacional homogénea no es efectiva«, sostiene, enfatizando la importancia de reforzar la descentralización en el diseño de planes y soluciones para cada territorio.
Las recientes opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia marcaron un precedente al reafirmar que los Estados tienen obligaciones para proteger a las personas frente a la crisis climática. Ambos tribunales sostienen que enfrentar sus impactos ya no es solo una aspiración de política pública, sino una responsabilidad vinculada a la protección de los derechos humanos, especialmente de las comunidades más expuestas y vulnerables. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “la justicia climática implica que la equidad y los derechos humanos ocupen un lugar central en la toma de decisiones y las acciones en materia de cambio climático”.
En ese contexto, la abogada de Greenpeace señala que la adaptación al cambio climático no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre una emergencia, sino que debe traducirse en decisiones concretas para reducir los riesgos antes de que ocurran los desastres. Para esto, la abogada sostiene que «la justicia climática también significa proteger a quienes históricamente han soportado los mayores impactos sociales y económicos de la crisis climática. Proteger los ecosistemas, planificar mejor los territorios e invertir en prevención no es solo una decisión ambiental: es una forma de proteger derechos y de cuidar la vida«.
