La Bancada del Partido de la Gente respaldó el proyecto que busca ampliar la aplicación de narcotest a distintas autoridades y funcionarios públicos, incluyendo al Presidente de la República, ministros, subsecretarios, fiscales, jueces y notarios, además de contemplar controles aleatorios en determinados establecimientos educacionales públicos.
La iniciativa apunta a aumentar los estándares exigidos a quienes ejercen cargos de responsabilidad pública y fortalecer las herramientas para enfrentar la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado.
Al respecto, la diputada Pamela Jiles recordó que actualmente existe una norma que obliga a los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados a someterse a este tipo de exámenes y que, además, existe un proyecto en segundo trámite constitucional en el Senado que busca establecer controles para autoridades públicas.
En ese contexto, Jiles valoró la determinación adoptada por el Gobierno de someter a narcotest a funcionarios públicos de alto rango y, especialmente, la decisión política de apartar de sus cargos a quienes obtengan resultados positivos.
“Con todas las diferencias que puedo tener con el actual Gobierno, me parece muy importante, me parece un salto histórico que el actual Presidente haya decidido someter a todos los funcionarios públicos de alto rango a este narcotest”, afirmó.
La parlamentaria destacó especialmente la decisión de actuar frente a un resultado positivo, apuntando a que ninguna autoridad debiera continuar desempeñando un cargo de alta responsabilidad en esas circunstancias.
“Ha tomado la decisión política, la que no está obligada por ninguna legislación, de sacar de su cargo a las personas que resulten con narcotest positivo de inmediato, sin mayores cuestionamientos, porque justamente de lo que se trata es de que no haya ni por un segundo una autoridad pública ejerciendo un cargo de alto rango cuando sale positiva en un narcotest”, sostuvo Jiles.
Ampliar los controles a más autoridades
Respecto de la iniciativa respaldada por la Bancada PDG, Jiles explicó que el objetivo es extender este tipo de controles a otras autoridades públicas que actualmente no se encuentran consideradas.
“Lo mismo pretende el proyecto que acabamos de presentar: que ocurra con otras autoridades públicas que no están consideradas hasta ahora, como el propio Presidente de la República, para empezar, por supuesto ministros, subsecretarios y todo lo que sigue; fiscal nacional, jueces, notarios”, detalló.
La propuesta también contempla exámenes aleatorios a directores de establecimientos educacionales públicos y algunos profesores, considerando el amplio universo de personas que podrían quedar comprendidas en estos controles.
Desde la Bancada PDG plantearon que avanzar en este tipo de medidas permite elevar los estándares aplicables a quienes ejercen responsabilidades públicas y entregar mayores garantías a la ciudadanía frente a la influencia que puede ejercer el narcotráfico sobre las instituciones.
“Hay que combatir el narcotráfico y es muy importante saber si nuestras autoridades públicas son prisioneras del narcotráfico, que lo son cuando son consumidores”, concluyó Jiles.
