En el marco de la votación de la megarreforma tributaria, un análisis elaborado por la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, y su equipo, a partir de información pública, revela que 18 parlamentarios en ejercicio cumplen con dos de los requisitos establecidos en el proyecto para acceder eventualmente a la exención de contribuciones para adultos mayores: tener 65 años o más y declarar derechos personales sobre bienes inmuebles.
Del total identificado, 12 corresponden a diputadas y diputados, mientras que 6 son senadoras y senadores. El cruce se realizó utilizando las nóminas oficiales del Congreso, las declaraciones de intereses y patrimonio y los registros públicos disponibles sobre bienes inmuebles declarados.
La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, señaló que «hay que poner sobre la mesa un hecho de relevancia pública, hay parlamentarios que hoy participan en la votación de una norma respecto de la cual podrían ser potenciales beneficiarios, y que será financiado con recursos de todos los chilenos. La ciudadanía merece estándares de transparencia y probidad. Pondremos esta información a disposición para que se evalúe».
De los 18 casos identificados, 16 parlamentarios declaran al menos un inmueble en plena propiedad, mientras que 2 registran únicamente derechos compartidos, situación que hace aún más condicional una eventual aplicación del beneficio.
Es importante precisar que esta información no implica que dichas autoridades accederán al beneficio, ya que la propuesta considera requisitos adicionales —como que el inmueble corresponda a la vivienda principal— que no pueden verificarse únicamente a partir de las declaraciones patrimoniales públicas. Tampoco constituye una imputación de irregularidad.
El análisis fue elaborado exclusivamente sobre la base de antecedentes públicos y verificables, con el objetivo de aportar información a la discusión sobre los estándares de transparencia y probidad en la tramitación de iniciativas que podrían generar beneficios patrimoniales para quienes participan en su deliberación y votación.
Al respecto, la alcaldesa cerró diciendo que «la confianza en las instituciones se construye evitando cualquier duda sobre la imparcialidad de las decisiones públicas. Cuando una ley puede generar un beneficio patrimonial para quienes la votan, es legítimo preguntarse si nuestro sistema cuenta con resguardos suficientes para prevenir eventuales conflictos entre el interés público y los intereses particulares. Ese es el debate que queremos abrir, con antecedentes públicos y verificables, y siempre dentro del marco del respeto a las instituciones y a las personas».
