Cristóbal Martínez advirtió sobre posibles casos que apuntan a profesionales que preferirían pagar la multa para no tener que cumplir con la obligación legal de trabajar en la red pública.
En medio de la auditoría que el Ministerio de Ciencias realizó al Programa Becas Chile, la que arrojó que al 2 de agosto existían 1.666 personas que se encontraban en situación de incumplimiento, lo que representa una pérdida por US$ 91,7 millones para el Estado, el diputado por la Región de Ñuble e integrante de la comisión de Futuro y Ciencias de la Cámara Baja, Cristóbal Martínez (UDI), advirtió sobre una nueva irregularidad, esta vez vinculada al programa de formación de especialistas médicos.
Al respecto, cabe recordar que el Gobierno decidió abrir una investigación interna al financiamiento que el Estado otorga para cursar estudios de postgrados, luego que se detectaran diversos casos en que los becarios no habrían cumplido con una de las principales obligaciones, como regresar al país una vez finalizados sus estudios y permanecer en Chile por el doble del tiempo de duración de la beca.
Sin embargo, el parlamentario gremialista denunció un segundo eventual incumplimiento asociado a becas financiadas con recursos públicos, específicamente en el plan de formación de especialidades médicas que ofrece el Ministerio de Salud (Minsal), cuyo objetivo principal es ayudar a resolver la escasez de especialistas en las regiones, en particular en las comunas y sectores más aislados del país.
En concreto, Martínez explicó que la Ley 19.664, que establece normas para los funcionarios del área de la salud, dispone que los médicos que accedan a especializaciones financiadas por el Minsal «tendrán la obligación de desempeñarse en los organismos a que pertenecen, a lo menos, por un tiempo similar al de duración de los programas». Asimismo, señala que quienes incumplan con dicha exigencia «deberán reembolsar los gastos originados con motivo de la ejecución de los programas (…) para lo cual constituirá una garantía equivalente a estos gastos incrementados en el 50%», además de pagar una indemnización y quedar impedidos de ingresar a la administración pública por seis años.
Es, precisamente, la sanción económica la que, a juicio del diputado de la UDI, ha llevado a que algunos profesionales concluyan que les resulta mucho más conveniente pagar la multa y mantenerse ejerciendo en un centro de salud privado, en lugar de cumplir con la obligación legal de trabajar en un establecimiento de salud pública durante un período equivalente al de su especialización médica.
«Si efectivamente existen este tipo de prácticas -tal como se nos ha denunciado-, en las que algunos médicos estarían optando por asumir el costo de la multa para continuar trabajando y no tener que desempeñarse en la red pública, como lo exige la ley, se estaría desvirtuando uno de los principales objetivos de este programa, que es fortalecer la atención de salud en las regiones y las zonas más aisladas del país, donde justamente existe una mayor escasez de especialistas», advirtió el legislador.
Por lo mismo, Martínez solicitó a la Contraloría General de la República que inicie una investigación especial para determinar cuántos becarios han cumplido con su obligación legal, identificar los casos en que no haya ocurrido y establecer el monto de los recursos que el Estado ha destinado en ellos.
«Es indispensable que la Contraloría indague esta situación y, de ser necesario, se corrijan las falencias que existen. El Estado invierte cuantiosos recursos en la formación de especialistas para fortalecer la red pública y ese objetivo no puede verse frustrado. Las becas deben responder al propósito para el que fueron creadas y, por eso, es fundamental corregir cualquier tipo de distorsión», agregó Martínez.
