Las y los senadores ahondaron en la afectación de los sistemas de riego, los cortes del suministro eléctrico, el cierre de faenas mineras y los daños en la infraestructura hídrica.
Durante esta semana, varias comisiones del Senado estuvieron abocadas a revisar los efectos de los sistemas frontales de las últimas semanas en diversas regiones de país, particularmente en el Norte Chico y el centro sur. En esas jornadas, las y los parlamentarios solicitaron una serie de oficios y manifestaron su preocupación respecto a la entrega de apoyo de parte del Ejecutivo.
RECUPERACIÓN DEL RIEGO
Tal fue el caso de la Comisión de Agricultura, cuyos integrantes estudiaron el impacto del aumento de los caudales de quebradas y ríos en la producción agrícola en las zonas declaradas en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.
Para tal efecto, la instancia escuchó al presidente de la Asociación de Productores de Pisco de Chile, Francisco Munizaga; el gerente general Asociación de Productores de Pisco, Manuel Scheider; el presidente de la Organización de Productores de Uva de Mesa de Alto del Carmen, Nicolás Del Río; la productora de la Corporación Piscos de Atacama, Lady Ramírez; en representación del sector Crianceros, el concejal Maycol Mancilla; y el secretario ejecutivo del Comité de Administración Denominación de Origen del Aceite de Oliva del Valle del Huasco, Miguel Ángel Alarcón.
Asimismo, el ministro de Agricultura, Jaime Campos; y el jefe de gestión de Riesgo de Desastres Agrícolas, Óscar Bustamante, expusieron respecto de los protocolos definidos para estas situaciones y sobre las medidas que se están ejecutando para apoyar al sector agrícola y ganadero.
La industria del pisco de los valles de Copiapó, Huasco, Limarí y Choapa; y los agricultores de la uva plantearon la urgente necesidad de reponer los sistemas de riego intra y extra predial, dado que, según su propio catastro, entre el 90 y 100% de canales están con problemas para la distribución de agua en las regiones de Coquimbo y Atacama.
También se hicieron presentes problemas de conectividad e infraestructura vial y se indicó que más del 70% de los productores resultaron con daños medios o altos afectando a más de mil hectáreas en ambas regiones.
Con todo, la Comisión acordó continuar monitoreando el apoyo al sector silvoagropecuario de las zonas bajo estado de excepción constitucional. En concreto, se exigió acelerar la rehabilitación de bocatomas y canales afectados sin requerir largos concursos, utilizando recursos de emergencia directos vía INDAP y la Comisión Nacional de Riego (CNR).
La presidenta de la Comisión de Agricultura, la senadora Alejandra Sepúlveda sinceró que “quedamos muy preocupados tras escuchar, fundamentalmente, a los agricultores. La gran conclusión es que las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso Interior necesitan recuperar el riego lo antes posible”.
Lamentablemente la legisladora sinceró que “el ministro nos informó que todavía no tenemos el diagnóstico completo de las bocatomas que están complicadas, de los kilómetros de canal que necesitamos urgentemente poder rehabilitar. Lo que hay que hacer es una coordinación con los agricultores y las asociaciones de regantes para que ellos nos digan dónde están las afectaciones, porque de lo contrario, no vamos a poder llegar con la celeridad que hoy día se necesita”.
CORTES DE ELECTRICIDAD
Por su parte, la Comisión de Minería y Energía recibió el lunes 3 a la ministra de Energía, Ximena Rincón; la superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabeza; y al presidente ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, quienes hicieron un balance de los cortes de suministro eléctrico y la reposición del servicio producto del sistema frontal.
La presidenta de la instancia legislativa, la senadora Yasna Provoste partió reconociendo que las empresas eléctricas han respondido con mayor celeridad que, por ejemplo, las empresas de agua potable ante la emergencia. De hecho, la ministra Rincón aseguró que los eventos del mes de julio comparados con los de agosto de 2024, significaron un 47% menos de clientes afectados en el peak de la contingencia De hecho, en esta oportunidad el máximo de días que algunas familias vieron interrumpido el suministro eléctrico fue de 8 días, versus hasta 20 días en el año 2024 en algunas regiones del país.
Por su parte, la superintendenta Cabeza destacó la conformación de un Comité Estratégico de Crisis y también señaló que, aprendiendo de las experiencias del pasado, las empresas respondieron mucho mejor que en años anteriores. “Hemos formulado cargos por exceder tiempos de reposición, particularmente y por incumpliendo en mantenimiento. En Valparaíso, la empresa Chilquinta, en Ñuble a Frontel y CGE, y en La Araucanía a Frontel y Codiner. Estamos esperando los descargos”, comentó Cabeza.
En la sesión la autoridad también recalcó las compensaciones que anunciaron compañías como CGE y Chilquinta para sus clientes que hayan sufrido pérdida de alimentos por la interrupción del suministro. En ambos casos se trata de una compensación económica inicial de 40 mil pesos para la cual no será necesario que los clientes presenten boletas o comprobantes de compra. No obstante, las empresas coincidieron en que quienes hayan sufrido daños avaluados en montos superiores a la compensación, podrán presentar antecedentes para evaluar su caso.
En tanto, el representante de las empresas eléctricas, Juan Meriches expuso que es necesario abordar también los temas de infraestructura, considerando que la principal causa de interrupción fue la caída de árboles. “Casi 10 mil árboles y ramas cayeron a las redes de suministro eléctrico. Hay 45 mil empalmes dañados, cuyo costo preliminar alcanza casi los 40 millones de dólares”, aseveró.
ACCESO A FAENAS MINERAS
Luego la misma instancia, se abocó el miércoles 5 a revisar el daño ocasionado a la pequeña y mediana minería. Para aquello, la y los senadores escucharon al ministro de Minería, Daniel Mas; el subsecretario de la cartera, Álvaro González; el vicepresidente ejecutivo de Enami, Juan Carlos Sáez; el gobernador de Atacama, Miguel Vargas; el presidente nacional de la Confederación Minera de Chile (Confemin), Hugo Páez; el presidente de la Asociación Minera Domeico, Luis Álvarez; y la presidenta del Sindicato de Trabajadores Independientes Pirquineros «San Lorenzo», Daina Aguilera.
El ministro de Minería, Daniel Mas explicó que el plan ‘Minería en marcha’ viene a apoyar al sector. “Hay tres ejes: reestablecer el acceso a las faenas, asegurar la seguridad de los trabajadores y reactivar las operaciones. Hay 168 caminos con daño en la región de Coquimbo, estamos levantando un catastro con las faenas afectadas para cruzarlo con los caminos cortados”, describió.
También la autoridad enfatizó que se ha desarrollado una coordinación entre el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Empresa Nacional de Minería (Enami), la que ha permitido generar inspecciones técnicas, entregar créditos a través de Banco Estado y gestionar reasignaciones presupuestarias.
En tanto, el subsecretario de Minería, Álvaro González profundizó en la iniciativa ‘Mineras por Chile’ que ha permitido a la gran minería apoyar a los afectados con maquinaria. “Hay 83 faenas con afectación, el 95% de ellas tiene problemas en el acceso. Ya hay un catastro vial, un tercio de los titulares de las faenas han reportado distinto nivel de daño”, hizo ver.
Ampliando aquello, el vicepresidente ejecutivo de Enami, Juan Carlos Sáez aseguró que “existen 383 productores con problemas en sus faenas, se van a perder 90 mil toneladas de producción, lo que afecta los flujos de caja. Otros 359 productores están levantando información. Enami ya está entregando apoyo con la entrega de diversos créditos por un millón 700 mil dólares. Aparte tenemos 12 millones y medio de dólares para anticipar flujos de recursos”.
La senadora Yasna Provoste y los senadores Daniel Núñez y Renzo Trisotti apuntaron a la necesidad de contar con apoyos económicos directos, las dudas de los productores respecto a cómo acceder a los beneficios, la pertinencia de contar con recursos centrales a través de un Programa de Asistencia y Modernización para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (PAMMA), de emergencia, y la preocupación por los trabajadores que siguen operando en zonas de riesgo.
La Comisión acordó oficiar a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para acelerar la destinación de fondos del Gobierno Regional y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), y a Sernageomin y la Dirección del Trabajo para dar cuenta de la fiscalización de las faenas de sectores cordilleranos.
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
En tanto, la Comisión de Recursos Hídricos recibió a los representantes del ministerio de Obras Públicas, quienes expusieron detalladamente sobre los efectos que tuvieron los últimos temporales en la infraestructura hídrica de las regiones afectadas; y los planes y acciones destinados a mitigarlos.
En la sesión las senadoras Karol Cariola (presidenta) y Daniella Cicardini, y los senadores Carlos Kuschel, Ricardo Celis e Ignacio Urrutia escucharon al subsecretario de OOPP, Nicolás Balmaceda, quien explicó que una estimación preliminar indica que se requieren más de 45 mil millones de pesos para apoyar la gestión de los servicios sanitarios rurales (SSR), cauces, infraestructura de riego y sistema de aguas lluvias.
Luego el asesor de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), Arnaldo Recabarren detalló el daño indicando que “en materia de riego fiscal, hubo embanques, erosiones, daños en bocatomas y canales, y pérdida de accesos. Hubo una activación generalizada, desbordes, socavaciones y defensas afectadas en cauces y quebradas. De hecho, 472 SSR fueron afectados, de los cuales 436 fueron recuperados y 36 no están operativos”.
La autoridad sinceró que “en muchos casos, no puede hacerse un diagnóstico mientras no baje el agua, pues hay instalaciones que están sumergidas y eso complejiza la recuperación. Uno de los puntos más críticos es el empeoramiento de la calidad de los cauces con respecto al mes anterior por problemas en las plantas de tratamiento de aguas servidas”.
En cifras, la cartera aseguró que “se estima que el daño de infraestructura fiscal alcanza los siete mil 300 millones en materia de riego; en cauces y drenaje de aguas lluvias, 21 mil millones; y en SSR, 22 mil millones, lo que totaliza cincuenta mil 300 millones de pesos”.
Mirando el vaso medio lleno, se hizo ver que “se recuperó mucha capacidad de los embalses. Por ejemplo, La Paloma en la ciudad de Ovalle que tenía entre un 6 y 7% de capacidad ahora tiene un 30%, lo que es muy significativo dada la envergadura del embalse”.
