El parlamentario ingresó un proyecto de ley para congelar transitoriamente los efectos de la normativa laboral debido a que las denuncias superaron las 66 mil a fines de 2025.
El diputado Erich Grohs (PNL) presentó un proyecto de ley que busca suspender de manera transitoria, por un plazo de cinco años, los efectos de la Ley N° 21.643 (conocida como Ley Karin), la cual regula la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. La propuesta surge ante el severo colapso institucional y operativo que enfrenta el sistema, el cual acumuló más de 66.000 denuncias a diciembre de 2025.
La iniciativa legal establece que, durante el período de suspensión, volverán a regir las normas laborales previas a la entrada en vigencia de la Ley Karin. No obstante, el proyecto resguarda explícitamente los derechos adquiridos y determina que todos los procesos de denuncia e investigación ya iniciados continuarán bajo la tramitación actual hasta su total término.
Al respecto, el legislador Erich Grohs explicó que si bien hubo fallas en su implementación, lo principal estuvo en las decisiones de diseño al tramitar la normativa, como la eliminación del umbral de configuración del acoso.
“La Ley Karin nació para enfrentar un problema real y necesario, pero la evidencia disponible demuestra que hoy el sistema está funcionando con serias dificultades. Cuando una parte importante de las denuncias termina no correspondiendo a materias propias de la ley y las investigaciones se extienden durante meses, tenemos la obligación de revisar si el diseño normativo está cumpliendo efectivamente su objetivo”, afirmó el Grohs.
El parlamentario enfatizó que esta suspensión de cinco años no busca dejar en la indefensión a los trabajadores, sino abrir una ventana de tiempo indispensable para corregir las fallas estructurales de la norma, tales como la eliminación del requisito de reiteración para configurar el acoso y la excesiva carga administrativa sobre los órganos competentes.
“Lo que proponemos no es desproteger a los trabajadores, sino abrir una discusión responsable sobre una legislación que ha generado una carga muy superior a la prevista para las instituciones encargadas de aplicarla. Necesitamos una normativa que proteja eficazmente a las víctimas, pero que también entregue certezas jurídicas, procedimientos oportunos y resguardos frente a denuncias que no corresponden al espíritu de la ley”, concluyó Grohs.
