El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la medida cautelar de prisión preventiva de 56 imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de asociación criminal, tráfico de armas prohibidas, tráfico de municiones adaptadas, tráfico de explosivos y pirotecnia, entre otros contemplados en la ley sobre control de armas. Ilícitos perpetrado desde octubre de 2024, a lo largo del país.
El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la medida cautelar de prisión preventiva de 56 imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de asociación criminal, tráfico de armas prohibidas, tráfico de municiones adaptadas, tráfico de explosivos y pirotecnia, entre otros contemplados en la ley sobre control de armas. Ilícitos perpetrado desde octubre de 2024, a lo largo del país.
En la audiencia de formalización, que se extendió entre el 17 julio y el miércoles 5 de agosto, la magistrada Marylin Neira Mendoza decretó la medida de cautelar de arresto domiciliario total de otros dos imputados y el arresto domiciliario parcial nocturno y la sujeción al Servicio de Reinserción Social Juvenil de un menor de edad. Asimismo, entre los imputados figura una funcionaria de Carabineros y un miembro del Ejército. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
Según el ente persecutor, los imputados integraban una asociación criminal dedicada al tráfico ilegal de armas, que estuvo operativa desde, al menos, octubre de 2024. La organización utilizaba grupos privados de Telegram y WhatsApp para coordinar la fabricación, comercialización y distribución clandestina de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y piezas impresas en 3D. Además, contaba con reglas internas, mecanismos de seguridad y funciones específicas para cada integrante; tales como: los encargados de administrar los grupos en redes sociales, los fabricantes o armeros (incluidos especialistas en impresión 3D); y comercializadores, facilitadores logísticos y financieros. Orgánica que le permitió a la estructura delictiva concretar múltiples operaciones de venta, envío y distribución de armas y municiones entre 2025 y lo que va de 2026, muchas de ellas por medio de encomiendas que fueron registradas y documentadas mediante el uso de la figura de agentes encubiertos y reveladores, vigilancias, seguimiento e interceptación de envíos que culminaron con allanamientos simultáneos en distintos domicilios de, prácticamente, todo el país.
