«La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo», escribió el tribunal.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos respaldó el fallo que ya emitió el pasado mes de abril un juez federal, y dictaminó que el Congreso conserva el control sobre la financiación del desarrollo en la Casa Blanca y que no había autorizado el proyecto de Trump.
«Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva», señalaron los jueces.
El fallo entrará en vigor en 14 días para permitir que la Casa Blanca pueda apelar al Tribunal Supremo.
Los magistrados, que se pronunciaron tras una demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, una organización de protección del patrimonio histórico, no entran a valorar la pertinencia o no de la construcción del Salón de Baile, sino que simplemente consideran que la autorización debe partir del Congreso de Estados Unidos.
«Esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con si el salón de baile propuesto es deseable o no, desde un punto de vista político. Este fallo ni siquiera significa necesariamente que los demandados no puedan finalmente construir el salón de baile», indica la resolución judicial.
El Salón de Baile es una de las grandes apuestas de Trump, que aspira a dejar su legado en el complejo de la Casa Blanca como «un regalo para Estados Unidos, y más que un regalo»: «Va a ser uno de los edificios más hermosos que jamás se hayan construido en el país», declaró.
