La iniciativa consagra expresamente en la Carta Magna la seguridad pública como un deber del Estado, así como la creación de un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y más facilidad para incautar bienes de estas organizaciones.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó el proyecto de ley de Reforma Constitucional Pro Seguridad mediante el cual se busca introducir cambios en la Carta Magna para proteger a la ciudadanía frente al actuar del crimen organizado y el terrorismo. La firma, realizada en el Patio de las Camelas, en La Moneda, se enmarcó en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el mandatario la primera semana de agosto.
La iniciativa incorpora los siguientes aspectos:
Consagra expresamente en la Carta Magna la seguridad pública como un deber del Estado.
Crea un nuevo Estado de Excepción para enfrentar graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas. Esta reforma permite que el Presidente decrete este estado de excepción para actuar en barrios, polígonos o territorios capturados por organizaciones criminales.
Tendrá una duración acotada, se renovará tras ser aprobada por el Congreso y las Fuerzas Armadas podrán apoyar a las policías en tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico. Este estado de excepción permitirá establecer controles de desplazamiento y reunión, así como requisar bienes y acceder a telecomunicaciones, entre otros aspectos.
Se crea un registro para reconocer oficialmente a determinadas organizaciones como criminales o terroristas. El Estado, mediante decisión fundada del Ejecutivo y con control del Senado, podrá calificar a esa organización en base a criterios objetivos.
Se establecen regímenes penitenciarios diferenciados para los líderes de organizaciones criminales o terroristas.
Se facilita la incautación y liquidación de los bienes del crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
Durante la actividad, el jefe de Estado manifestó que «ha cambiado la mano. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando siempre en un mismo norte, recuperar la seguridad para nuestros compatriotas. Bien lo señalaba el ministro, no hay libertad sin seguridad. Incluso se pone en riesgo la democracia si no hay seguridad y eso lo hemos visto en otros países de manera dramática, cómo el crimen organizado va ocupando territorios completos y se pone al mismo nivel del Estado, con el mismo poder de fuego, con influencia lamentablemente en instituciones que son permeadas por el crimen organizado».
La ACOT es una robusta agenda que contempla el trámite de más de 20 proyectos de ley que ya están en el Congreso y el ingreso de, al menos, una docena más.
Senado presente en la firma de la reforma constitucional de agenda de seguridad
Con matices, las y los senadores reconocieron la necesidad “urgente” de más seguridad. La presidenta de la Corporación, senadora Paulina Núñez, adelantó que «en estos temas espero que haya unidad de los parlamentarios, dado que en el país hay unidad para enfrentar el crimen organizado y recuperar la seguridad pública».
«Con el Senado presente en esta firma, el desafío es legislar con rigurosidad y sentido de urgencia, respondiendo a la seguridad como la principal prioridad de las familias hoy», manifestó el presidente de la República. Además, la autoridad instó a “agilizar la tramitación de esta agenda robusta con la celeridad y diligencia necesarias para que los chilenos vean estas leyes promulgadas dentro de este 2026″.
La senadora Paulina Núñez, presidenta del Senado reconoció que «la seguridad nacional debe ser un deber del Estado y no una priorización del gobierno que esté de turno; por eso es tan relevante esta reforma constitucional». «En estos temas espero que haya unidad de los parlamentarios, dado que en el país hay unidad para enfrentar el crimen organizado y recuperar la seguridad pública», recalcó. Hizo presente que el texto original “probablemente sufra modificaciones durante el debate legislativo”, pero realizó un llamado a la “unidad y transversalidad de todos los sectores políticos para enfrentar el crimen organizado”.
Sin embargo, la senadora Loreto Carvajal, también presente en la ceremonia, llamó a una “urgencia con cautela”. «Hay una necesidad urgente de más seguridad, pero no puede ser a todo evento. Tenemos que ser cautelosos y entender cómo se garantizan los derechos básicos de las personas». Agregó que “hoy día la prioridad nacional es la seguridad, y nuestra obligación y responsabilidad es analizar este proyecto en su totalidad para generar garantías en donde los derechos también sean resguardados».
El senador Gustavo Sanhueza recalcó que “la seguridad es hoy una prioridad para la familia y lo que ha hecho el Presidente hoy es resaltar la importancia que tiene finalmente en el diario vivir para cada uno de nosotros”. En este orden, coincidió con la necesidad de “tomarlo con el sentido de urgencia que requiere para las chilenas y chilenos: una agenda de seguridad robusta que toma diferentes aristas”.
Por su parte el senador Arturo Squella recalcó que «si hacemos lo mismo que se estaba haciendo con la delincuencia común, el crimen organizado gana; esta reforma es la manera de que el Estado gane y con eso la seguridad de los chilenos» y destacó que la reforma constitucional propuesta permite una colaboración más activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En tanto, el senador Cristián Vial manifestó que «es una señal política muy clara dejar explicitado en el primer artículo de nuestra carta fundamental el deber del Estado en cuanto a seguridad pública; esto es algo que permea las ideologías y convoca a todos». Añadió que “seguir en un debate ideológico cuando debemos ser sensatos para hacer frente a la amenaza que afecta a todos los chilenos no tiene sentido”.
A la actividad acudieron también la senadora Andrea Balladares y el senador Andrés Longton; además de ministros de Estado, subsecretarios, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden y autoridades regionales y comunales.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue el encargado de detallar la reforma constitucional presentada que busca enfrentar el crimen organizado y el terrorismo a través de tres pilares fundamentales:
La seguridad como deber del Estado: se propone modificar el artículo primero de la Constitución para reconocer que la seguridad pública es una base de la institucionalidad. Al ubicarla al mismo nivel que la dignidad y el bien común, deja de ser una función administrativa para convertirse en un principio rector de todas las instituciones del Estado (Gobierno, Congreso, jueces y fiscales).
El argumento central es que la seguridad es el requisito que hace posible el ejercicio de otros derechos, como la libertad de emprender o de transitar.
Eficacia en la persecución y golpe al patrimonio: busca facilitar el trabajo de los fiscales mediante la creación de una nómina de organizaciones criminales calificada por el Ejecutivo y controlada por el Senado.
Esto evita tener que demostrar judicialmente la naturaleza criminal de una banda en cada caso individual; además, se enfoca en dos frentes: endurecer el control en las cárceles para impedir que los cabecillas sigan operando y «golpear el bolsillo» del crimen, rastreando, congelando e incautando sus activos financieros.
Recuperación de territorios: se crea una herramienta específica para intervenir en barrios capturados por bandas criminales, diseñada para situaciones que no encajan en los estados de excepción tradicionales (como guerras o catástrofes)
Según explicó el ministro, esta facultad es acotada, con una causal precisa y un plazo determinado, permitiendo que las policías cuenten con la colaboración de las fuerzas armadas bajo reglas de uso de la fuerza previamente aprobadas y control del Congreso.
Arrau manifestó que esta reforma es el fundamento de una agenda más amplia que incluye 20 proyectos de ley en trámite y una docena adicional por ingresar.
