La AGPD reaccionó a los anuncios del Gobierno sobre una eventual prórroga de la Ley N° 21.719 y pidió concentrar los esfuerzos en instalar la nueva Agencia de Protección de Datos Personales.
La Asociación Chilena de Profesionales en Protección de Datos Personales (AGPD) emitió una declaración pública ante una eventual postergación de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719, la nueva normativa de protección de datos personales que moderniza la Ley N° 19.628. La asociación, presidida por el abogado Marcelo Drago, reúne a cerca de cien profesionales de la protección de datos, la privacidad y la ciberseguridad.
La asociación advirtió que una decisión de esta naturaleza debe analizarse con especial cuidado. Recordó que la reforma requirió cerca de siete años de tramitación legislativa y contempló dos años de vacancia precisamente para preparar su implementación, por lo que una postergación excesiva pondría en riesgo la certeza jurídica y desconocería a las numerosas organizaciones que, confiando en los plazos legales, ya invirtieron y ejecutan seriamente sus planes de cumplimiento.
El gremio defendió además el contenido de la normativa: “El fondo y la esencia de la ley están bien resueltos. Chile esperó años para contar con una legislación moderna de protección de datos, que solo requiere adecuaciones puntuales para facilitar su implementación, sin reabrir su contenido sustantivo”. Recordó que la ley responde a compromisos ante la OCDE y es clave para aspirar a una decisión de adecuación de la Unión Europea, una ventaja competitiva para atraer inversión tecnológica.
Entre sus propuestas, la AGPD planteó que un eventual aplazamiento sea acotado (máximo seis meses desde el plazo vigente), que el Consejo Directivo de la nueva Agencia sea designado a más tardar el 1 de diciembre de 2026 y que la Agencia se instale con antelación suficiente para dictar los reglamentos e instrucciones necesarios.
Propuso además un programa nacional de acompañamiento gratuito dirigido a organismos públicos, empresas y pymes, una primera etapa de supervisión orientada al cumplimiento, una campaña nacional de educación en protección de datos y una mesa permanente de colaboración público-privada.
“Estas medidas permitirán abordar los desafíos reales de la implementación, sin desandar el camino recorrido”, concluye la declaración, en la que la asociación manifestó su disposición a colaborar para que la implementación de la ley sea exitosa.
