Natalia Romero, Jaime Coloma, Cristóbal Martínez y Omar Sabat llamaron a considerar la realidad de las zonas apartadas y dar urgencia a los proyectos destinados a reforzar su seguridad.
En medio de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que presentó el Gobierno y que contempla más de 30 iniciativas para enfrentar la actual crisis de seguridad, un grupo de diputados de la Bancada UDI, liderados por la presidenta de la comisión de Agricultura, Natalia Romero, y el integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Coloma, además de los representantes de las regiones de Ñuble y de Los Ríos, Cristóbal Martínez y Omar Sabat, respectivamente, solicitaron al Gobierno poder incluir en el plan a los denominados «delitos rurales», de tal forma de reforzar la protección a los habitantes y productores de las zonas apartadas del país.
Al respecto, si bien los parlamentarios gremialistas valoraron los anuncios que la semana pasada realizó el Presidente José Antonio Kast, advirtieron sobre la ausencia de algunas iniciativas destinadas a enfrentar los delitos que se
Por lo mismo, entre los proyectos que los diputados Romero, Coloma, Martínez y Sabat solicitaron priorizar se encuentran el que endurece las sanciones por el hurto de cabezas de ganado (abigeato), así como el que sube las penas contra quienes roben productos, insumos y/o maquinarias agrícolas, los cuales ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados y están en el Senado en segundo trámite.
Pero además, los integrantes de la Bancada UDI anunciaron que se encuentran trabajando en un tercer proyecto, al que esperan que el Gobierno también otorgue urgencia cuando ingrese, que busca establecer un sistema obligatorio de trazabilidad para los frutos secos, mediante guías de despacho electrónicas que permitan acreditar su origen y destino, con el fin de dificultar la comercialización de los productos que fueron robados y así desarticular los grupos que se dedican a cometer ese delito.
«Si queremos enfrentar de verdad al crimen organizado y la delincuencia, tenemos que hacerlo en todas sus formas y en cada lugar donde actúa. No podemos concentrarnos únicamente en los delitos que ocurren en Santiago o en las grandes ciudades, dejando en un segundo plano lo que viven a diario miles de familias en las zonas rurales de nuestro país. En los sectores apartados la realidad es muchas veces más compleja, porque la respuesta policial puede tardar más debido a las distancias y porque un pequeño agricultor, criancero o productor no siempre cuenta con los recursos necesarios para instalar cámaras u otras medidas de seguridad que le permitan protegerse», señalaron los diputados.
En cuanto a las tres iniciativas mencionadas, los parlamentarios aseguraron que «cuando a un pequeño agricultor le roban su maquinaria, sus insumos, sus productos o los animales que ha criado durante años, no estamos hablando sólo de una pérdida material, sino que muchas veces le están quitando una parte importante de su fuente laboral», agregando que «por eso estos delitos tienen un impacto mucho más profundo en las zonas rurales y terminan afectando a las economías familiares».
Por lo mismo, reiteraron su llamado al Gobierno a incorporar los proyectos sobre delitos rurales en la agenda que se tramitará en el Congreso, insistiendo en que «si la ACOT busca combatir al crimen organizado y la delincuencia en todo el país, es fundamental que también considere la realidad de los sectores rurales y entregue mayores herramientas para perseguir a quienes delinquen en esas zonas».
