En las próximas jornadas la Corte Suprema debería pronunciarse respecto de la disputa legal que mantiene un gran número de trabajadores de la salud primaria con la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM) y el municipio.Estos problemas se iniciaron el año pasado, cuando esos organismos decidieron rebajar las remuneraciones de los funcionarios en un acto que fue calificado por éstos como arbitrario e ilegal ya que se negó la existencia de una escala de sueldos, por lo que el propio concejo municipal votó a favor de esta reducción de sueldos.
Los trabajadores iniciaron acciones legales y contrataron a diversos equipos de abogados para luchar por sus derechos que creían vulnerados. Y con el transcurso de los meses los asesores legales fueron descubriendo una serie de hechos, como fue el descubrimiento de que sí existían escalas de remuneraciones aprobadas por concejos anteriores y que se habría ocultado información relevante a los actuales concejales para que terminar por aprobar estas reducciones.
Se habló en su momento por parte del municipio que esta política obedecía al objetivo de terminar con “sueldos millonarios” y que se buscaba una “equidad salarial”. Los trabajadores acreditaron que las remuneraciones verdaderamente altas no representaban a más del 1% de los trabajadores, y que la gran cantidad de los dineros involucrados provenía del Ministerio de Salud.
Fue entonces que la Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó una orden de no innovar que le impidió ejecutar la rebaja de sueldos a más de 400 trabajadores por parte del municipio, acogiendo el recurso de los trabajadores. Sin embargo, desde el municipio y la CMVM no quisieron reconocer la derrota y llevaron este caso al máximo tribunal del país.
Ambas partes han insistido en sus argumentos. En el municipio aseguran que no existiría una escala de remuneraciones, que siempre han mantenido una política de absoluta transparencia y que incluso la Contraloría en su momento les dio la razón. Al respecto, los abogados de los funcionarios insisten en que las mentiras del municipio y CMVM han sido reiteradas.
De hecho, hace pocos días, los abogados Rodrigo Garay y Tomás Palacios, del estudio jurídico Del Villar, presentaron un escrito ante la Corte Suprema para discutir algunos de los argumentos vertidos por la Municipalidad el pasado 21 de julio al que califican de contener un “análisis parcial, tendencioso y descontextualizado” de los hechos.
Aseguran que en su momento el municipio y la CMVM entregaron información incompleta y parcial a la CGR. El argumento del municipio, según sostienen los abogados de los funcionarios en el último escrito, se apoya en la supuesta inexistencia de registros, escalas de sueldos o acuerdos previos, calificando las remuneraciones históricas del personal APS como meras liberalidades que carecían de sustento jurídico, “ocultando información al Concejo Municipal, a la Contraloría Regional de Valparaíso y a los Tribunales de Justicia, situación que hemos denunciado fundadamente en el transcurso del presente proceso”.
“Pese a haber sido acreditado en el fallo dictado por la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, la existencia de la Escala de Sueldos Base que permitió el encasillamiento del personal de salud, debidamente aprobada por el H. Concejo Municipal hace 30 años, mediante copia íntegra del Acta N°208, de fecha 14 de noviembre de 1995, que contiene el Acuerdo N°1606 y Acta N°220, de fecha 23 de enero de 1996, que contiene el Acuerdo N°1745, y el anexo (que forma parte integrante del Acta), consistente en el Reglamento de la Carrera Funcionaria de los Trabajadores de APS de la CMVM, que a su vez incluía la Escala de Sueldos Base, documentación cuya existencia, autenticidad e integridad fue certificada por el Notario Público don Joaquín Mucarquer Pimentel, la contraria continúa levantando estrategias que faltan a la verdad, pretendiendo confundir a SS. EXCMA. con supuestas faltas de formalidades y requisitos legales”, apuntan los profesionales.
Es decir, en el documento que presentaron los referidos abogados, se insiste en que la municipalidad le ocultó información al concejo, a la justicia y luego a la propia Contraloría.
“El Oficio N°72585/2026 de la Contraloría Regional de Valparaíso, de fecha 15 de abril de 2026, no es otra cosa que la materialización del engaño denunciado”, insisten los representantes de los funcionarios de salud. “Tampoco es efectivo, cuando la contraparte señala en su escrito que el referido oficio de la Contraloría Regional de Valparaíso “confirma la ilegalidad de los aumentos de sueldos obtenidos por los funcionarios de atención primaria…”, toda vez que es la propia Contraloría la que, citando el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N°10.336, se abstuvo de emitir un pronunciamiento”, apuntan respecto del escrito presentado ahora en julio por el municipio.
“En consecuencia”, continúa el texto, “ni la supuesta inexistencia de aprobación del encasillamiento del personal de salud primaria, por parte del Honorable Concejo Municipal de Viña del Mar -tesis totalmente derribada en autos-, ni los criterios de “equidad interna”, “responsabilidad funcional o cumplimiento de la Ley” o “sostenibilidad presupuestaria”, dotan de suficiente motivación o fundamento ni de sustento fáctico a la decisión ilegal y arbitraria de rebajar unilateralmente las remuneraciones de parte del personal de Atención Primaria de Salud Municipal de Viña del Mar”.
Desde el estudio Del Villar destacaron que la supuesta “política de transparencia” por parte del municipio y CMVM nunca fue efectiva, ya que incluso se presentaron varios reclamos ante el Consejo Para La Transparencia, seis de los cuales ya fueron acogidos, por lo que tendrán que ser respondidos ya que de no hacerlo la autoridad municipal se arriesga a multas con rebaja de sueldo e incluso a suspensión del cargo.
Con esto, los profesionales indican que se busca “rechazar los recursos de apelación interpuestos, confirmando la sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, con declaración, de que los actos recurridos son arbitrarios e ilegales”.
