Parlamentarios de la Bancada del Frente Amplio ingresaron hoy un proyecto de ley que busca impedir que el Gobierno venda las acciones que el Estado mantiene en empresas sanitarias sin autorización del Congreso Nacional.
La iniciativa surge tras el anuncio de que el Gobierno de José Antonio Kast evalúa rematar, mediante una simple vía administrativa, el 5% de las acciones que el Fisco y Corfo aún mantienen en cuatro empresas sanitarias (Aguas Andinas, Esval, Essbio y Suralis).
Al respecto, la diputada Constanza Schonhaut fue enfática en criticar la lógica tras esta operación porque “tenemos un Gobierno que administra al Estado como si fuera una empresa privada y no como si fueran activos de todos los chilenos y chilenas. Acá tenemos un problema que es más estructural”. La legisladora agregó que la venta de estas acciones en empresas estratégicas “tiene que pasar por el Congreso, por una discusión abierta y de cara a los ciudadanos, y no en un acto administrativo firmado entre cuatro paredes, en la oficina del ministro Quiroz”.
El proyecto modifica las leyes 18.777 y 18.885 para exigir que cualquier enajenación total de activos sanitarios requiera de una ley de quórum calificado. Las y los autores calificaron la medida del Ejecutivo como “cortoplacista”, advirtiendo que estas empresas reportan utilidades anuales para el erario nacional.
Más allá de lo económico, la venta de la “última acción” tendría un costo estratégico irreversible porque provocaría la extinción de las acciones Serie B de Corfo. Estas otorgan a dicha entidad la facultad exclusiva de vetar o autorizar contratos sobre derechos de agua y concesiones, funciones vitales para el control de estos monopolios naturales.
“Eso es defender la patria, eso es defender la riqueza de Chile y los desafíos estratégicos de nuestro país. Es fundamental que el Estado tenga una voz cuando se trata de la administración de las aguas y el alcantarillado”, señaló la diputada Schonhaut.
El fundamento jurídico del proyecto se basa en el artículo 19 N° 21 de la Constitución y las y los parlamentarios sostienen que existe una “asimetría competencial” inaceptable, porque mientras el Estado requiere una ley de quórum calificado para iniciar una actividad empresarial, actualmente basta un decreto para extinguirla definitivamente.
“Si el ingreso del Estado a la actividad empresarial requiere una decisión legislativa, resulta coherente que la decisión de abandonar completamente esa participación también sea sometida a la deliberación democrática del Congreso”, detalla el documento ingresado a la Cámara.
Finalmente, la diputada Schonhaut cuestionó la prioridad del Gobierno en el sector, ya que “pareciera que al Gobierno solo le interesa defender los intereses de las empresas privadas y es así como vemos hoy día también que el Ministro Alvarado no tiene idea que su propio Gobierno es el que se opone a que las empresas tengan el deber de reponer los servicios básicos como el agua en las zonas de catástrofe”, aludiendo también al requerimiento que el Ejecutivo hará al Tribunal Constitucional para rechazar las obligaciones básicas de reposición de estos servicios en áreas afectadas por inclemencias climáticas.
Este proyecto fue firmado por los y las diputadas Schonhaut, Carolina Tello, Consuelo Veloso, Matías Fernández, Emilia Schneider, Tatiana Urrutia, Gonzalo Winter, Ignacio Achurra y Gael Yeomans; y busca radicar la decisión final sobre el patrimonio sanitario en el Poder Legislativo, impidiendo cualquier acción unilateral por parte de La Moneda mientras la venta permanece en etapa de evaluación.
