El parlamentario busca determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que coordinaron el uso de recursos públicos para la atención privilegiada de la exautoridad, vulnerando la probidad en un contexto de alta demanda asistencial.
En octubre de 2025, Andrea Quiero, entonces directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, recibió una endoscopia en horario laboral en el Hospital de Quilpué, mientras cerca de 900 personas permanecían en lista de espera. La supuesta condición de “urgencia diferida” fue descartada por la Contraloría y, posteriormente, Quiero dejó su cargo en marzo de 2026. Sin embargo, hasta la fecha no existe claridad respecto de las medidas adoptadas contra los funcionarios que participaron en la coordinación de dicha atención.
Ante esta situación, el diputado Andrés Celis solicitó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota informar sobre el estado del sumario iniciado el 5 de enero de 2026, las eventuales sanciones aplicadas y remitir la resolución final del proceso. Además, requirió antecedentes y un pronunciamiento de la Contraloría General de la República.
El requerimiento también busca conocer las medidas disciplinarias o sumarios instruidos contra la entonces Subdirectora de Gestión Asistencial del SSVQ y el Subdirector Médico suplente del Hospital de Quilpué, quienes habrían participado en la gestión de la atención, además de aclarar si ambos continúan ejerciendo cargos de confianza o jefaturas dentro de la red asistencial.
“Una situación como esta no puede quedar sin respuestas. Mientras cientos de pacientes estaban esperando por una atención médica, se coordinó la atención de una autoridad en horario laboral. Aquí necesitamos saber qué pasó con todos los funcionarios involucrados, si fueron sancionados y si continúan ocupando cargos de responsabilidad dentro de la red. La transparencia y la probidad tienen que aplicarse a todos por igual”, señaló el diputado Andrés Celis.
El parlamentario agregó que el trato en la salud pública debe ser el mismo para todos y que las listas de espera no pueden terminar generando situaciones donde algunas personas tengan un acceso distinto al de quienes llevan meses esperando por una atención.
