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Gobierno promulga Ley Escuelas Protegidas y vocera regional valora nuevas herramientas para reforzar la seguridad en los colegios de Valparaíso

La Seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, relevó que la nueva normativa permitirá a las comunidades educativas contar con mayores herramientas para prevenir y enfrentar situaciones de violencia, incluyendo la revisión de mochilas y pertenencias personales bajo protocolos establecidos en los reglamentos internos.

La Seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, destacó la promulgación de la Ley “Escuelas Protegidas”, encabezada este miércoles por el Presidente de la República, José Antonio Kast, iniciativa que busca fortalecer la seguridad, el orden y el respeto al interior de las comunidades educativas.

Desde la Región de Valparaíso, la Seremi de Gobierno señaló que “esta iniciativa permitirá actuar con mayor rapidez y eficacia para disminuir hechos de violencia escolar, como los ocurridos durante los primeros días de agosto en nuestra región, donde nueve alumnos fueron detenidos por riñas y con porte de armas. Recordemos que sólo entre marzo y abril de este año, ingresaron más de 100 denuncias por amenazas en colegios. Esto no puede continuar, tenemos que hacernos cargo por que sin seguridad no hay posibilidad de educación”

La nueva legislación entrega herramientas a los establecimientos para enfrentar hechos graves de violencia que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades escolares. Entre sus principales medidas se encuentra la posibilidad de que los colegios incorporen en sus reglamentos internos procedimientos para revisar mochilas, bolsos y otras pertenencias personales de los estudiantes, siempre bajo protocolos específicos. La normativa no contempla revisiones corporales ni de vestimenta.

Respecto de la revisión de mochilas, la autoridad regional respaldó la medida, enfatizando que debe aplicarse de manera regulada y no arbitraria.

“La revisión de mochilas es una herramienta preventiva que puede ayudar a evitar que ingresen a los establecimientos elementos que puedan poner en riesgo a estudiantes o funcionarios. Lo importante es que existan protocolos claros, conocidos por la comunidad y aplicados respetando la dignidad y los derechos de cada estudiante”, afirmó.

La región cuenta con cerca de 1.200 establecimientos educacionales y una matrícula superior a los 348 mil estudiantes, de acuerdo con antecedentes regionales difundidos por el Ministerio de Educación al inicio del segundo semestre.

“Estamos hablando de cientos de miles de estudiantes y trabajadores de la educación que tienen derecho a desarrollar sus actividades en espacios seguros. En Valparaíso tenemos una comunidad educativa muy amplia y esta ley permitirá fortalecer las capacidades de los establecimientos para prevenir hechos que alteren la convivencia y pongan en riesgo a sus integrantes”, sostuvo la autoridad regional.

Más atribuciones y respaldo para los docentes

La Ley Escuelas Protegidas fortalece el rol de los docentes y les entrega mayores facultades para actuar de manera oportuna frente a situaciones que alteren el normal desarrollo de las clases. En particular, permite aplicar medidas pedagógicas, preventivas y disciplinarias orientadas a mantener el orden y resguardar un adecuado ambiente de aprendizaje, siempre bajo criterios de proporcionalidad y respeto de las normas de convivencia escolar.

Asimismo, la normativa establece que los reglamentos internos de los establecimientos deberán contemplar la prohibición de elementos que dificulten la identificación facial, salvo excepciones debidamente justificadas. También reconoce como una afectación grave a la convivencia escolar aquellas amenazas que provoquen la interrupción de las actividades académicas.

La ley, además, refuerza el compromiso de las familias con la convivencia escolar: padres, madres y apoderados deberán asistir a las citaciones vinculadas con medidas disciplinarias, situaciones de convivencia o hechos de violencia escolar. De esta manera, se busca que la protección de las comunidades educativas sea una responsabilidad compartida entre docentes, familias, estudiantes y establecimientos.

 

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