El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este miércoles en la Escuela Nueva Zelandia, en la comuna de Independencia, la actividad por la publicación en el Diario Oficial de la Ley 21.827 “Escuelas Protegidas”, iniciativa destinada a entregar a los establecimientos educacionales nuevas herramientas para prevenir y enfrentar hechos de violencia, reforzar la seguridad y fortalecer la autoridad pedagógica.
La actividad contó con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de Salud, May Chomalí; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; los subsecretarios de Educación y Educación Parvularia; autoridades del sistema educacional, parlamentarios, representantes de la comunidad escolar y estudiantes del establecimiento.
La nueva legislación busca responder al aumento de los episodios de violencia y problemas de convivencia al interior de los establecimientos educacionales. Según los antecedentes contenidos en la minuta, Las denuncias por convivencia escolar por maltrato a adultos ante la Superintendencia aumentaron un 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695. Y durante 2025 se registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, según datos de Carabineros.
Entre sus principales disposiciones, la Ley “Escuelas Protegidas” permite que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias, mediante personal capacitado y respetando derechos como la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso. La normativa no contempla revisiones corporales ni de vestimentas.
La ley también entrega mayores facultades a los profesores, quienes podrán adoptar de manera inmediata medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias para mantener el orden en la sala de clases, siempre bajo criterios de proporcionalidad y pertinencia pedagógica.
Asimismo, establece que se deberá priorizar la gestión colaborativa de los conflictos, con el objetivo de reducir la carga administrativa de los equipos escolares, salvo en aquellos casos en que existan delitos o vulneraciones de derechos fundamentales.
La normativa también contempla medidas para enfrentar amenazas e interrupciones de las actividades académicas, establece que los reglamentos deberán prohibir elementos que impidan la identificación facial —con excepciones debidamente fundadas— y refuerza el involucramiento de padres y apoderados en las instancias relacionadas con convivencia, disciplina y violencia escolar.
Con la publicación de la Ley 21.827, el Gobierno busca fortalecer las capacidades de las comunidades educativas para enfrentar situaciones de violencia y avanzar hacia establecimientos más seguros, donde estudiantes y docentes puedan desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas para el aprendizaje.
