La diputada Francisca Bello junto a la bancada del FA presentaron un proyecto de ley que busca impedir que el Gobierno venda, sin autorización del Congreso, la totalidad de las acciones que el Estado todavía mantiene en empresas sanitarias como Esval, Aguas Andinas, Essbio y Suralis. La iniciativa establece que una decisión de este tipo deberá pasar necesariamente por el Congreso Nacional y contar con una ley de quórum calificado.
“Una vez más vemos cuáles son las prioridades de este Gobierno: en vez de fortalecer los derechos y los servicios que necesitan las familias, siguen buscando entregar al privado espacios que son estratégicos para todos los chilenos y chilenas. El agua y el alcantarillado no son un negocio cualquiera. Si el Estado todavía tiene una participación, no puede desaparecer por decisión de un gobierno de turno y entre cuatro paredes”, señaló la diputada Bello.
Actualmente, el Estado conserva cerca de un 5% de participación en cuatro empresas sanitarias. Aunque es una participación minoritaria, permite a Corfo mantener una capacidad de incidencia sobre decisiones relacionadas con derechos de aprovechamiento de aguas y concesiones sanitarias. Además, estas participaciones generan dividendos para el Fisco, estimados en torno a $6 mil millones anuales según los resultados de 2025.
La parlamentaria cuestionó que el Gobierno siga impulsando una lógica de externalización de derechos y servicios fundamentales, reduciendo la capacidad del Estado para incidir en áreas estratégicas. “No podemos seguir entregando al privado todo aquello que es de todos los chilenos y que debe resguardarse desde el interés público”, sostuvo.
El proyecto modifica las leyes 18.777 y 18.885 para establecer que la venta de la totalidad de las acciones o derechos que mantengan el Fisco o Corfo en estas sociedades solo podrá realizarse con autorización del Congreso. Así, la decisión sobre el patrimonio sanitario del país deberá ser discutida públicamente y no podrá quedar únicamente en manos del Gobierno de turno.
