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Juzgado de Pozo Almonte ordena el arraigo y firma de alcalde por emisión de facturas falsas y delitos tributarios

La División formalizó su compromiso con la Mesa Empresarial Público-Privada de Capacitación y Empleo Local, instancia que reúne a empresas, municipios, SENCE, ASIVA y programas públicos, aportando planes de formación propios para estudiantes técnico-profesionales, pescadores y habitantes de Quintero y Puchuncaví.

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte dejó hoy –viernes 14 de agosto– a alcalde de la comuna, Richard Alfonso Godoy Aguirre, sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de aumento malicioso del crédito fiscal de IVA u otros gravámenes de retención mediante el uso de facturas falsas reiterado y simulación o adulteración de operaciones (artículo 97 número 4 inciso segundo del Código Tributario). Ilícitos perpetrados entre 2016 y 2021.

En la audiencia de formalización, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo acogió las cautelares solicitadas por el Ministerio Público, sin oposición de la defensa, por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Además, fijó el plazo de investigación en 120 días.

Según el ente persecutor, el imputado Richard Alfonso Godoy Aguirre en paralelo al cargo público de alcalde de la comuna de Pozo Almonte, fungía como administrador de hecho de la Empresa de Mantención a la Minería y Comercialización Limitada (EMYC), cargo en el cual incurrió en irregularidades tributarias que le permitieron evadir y pagar montos menores por concepto de impuestos a las ventas y servicios, al utilizar facturas ideológicamente falsas emitidas por proveedores para generar un aumento malicioso e indebido de los créditos fiscales declarados en los respectivos formularios N°29, sobre declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, sin respaldo documental, generando una diferencia con los créditos fiscales registrados e informados en su registro electrónico de compras y ventas (IECV) o en el registro de compras y ventas  (RCV); y aumento malicioso e indebido del crédito fiscal IVA declarado en los respectivos formularios N°29, amparado en 45 facturas falsas emitidas por cinco supuestos proveedores, documentos tributarios que dan cuenta de operaciones inexistentes.

El perjuicio fiscal actualizado a agosto de 2021 alcanza a la cifra de $1.316.591.501 por concepto de impuesto a la renta y servicios que no fueron pagados al SII.

 

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