La reunión fue liderada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, y contó con la participación del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. En la instancia se presentó el trabajo y los avances destinados a fortalecer el Plan Chile Cuida a los Niños, con una mirada intersectorial orientada a mejorar la capacidad del Estado para prevenir vulneraciones y proteger oportunamente a niños, niñas y adolescentes.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que “los niños son nuestra prioridad y tenemos que ser capaces de detectar las señales de riesgo y actuar antes de que el daño ocurra. Estas medidas apuntan justamente a eso: a que las instituciones compartan información, trabajen coordinadamente y lleguen a tiempo para proteger a un niño y evitar que una situación de riesgo determine su futuro”.
El plan presentado se estructura en dos grandes ejes. El primero pone el foco en la prevención, bajo la convicción de que no basta con reaccionar cuando un niño ya ha sufrido una vulneración grave de sus derechos: el Estado debe ser capaz de anticiparse, identificar factores de riesgo y desplegar apoyos oportunamente en las familias, comunidades y territorios.
El segundo eje está orientado a la protección y respuesta frente a situaciones críticas, fortaleciendo la capacidad del Estado para actuar de manera coordinada cuando un niño o adolescente ya ha sido vulnerado, asegurando su protección, reparación y restitución de derechos.
La propuesta busca avanzar desde una respuesta fragmentada hacia una acción integrada del Estado, donde los distintos organismos que trabajan con niños y familias puedan compartir alertas, coordinar sus intervenciones y acompañar de manera continua las trayectorias de quienes requieren mayor apoyo.
Uno de los principales desafíos es fortalecer la capacidad preventiva frente a contextos de violencia cada vez más complejos. Actualmente, 437 niños, niñas y adolescentes están asociados a alertas de violencia grave. De ellos, 228 —equivalentes al 52,2%— presentan exposición directa o indirecta a homicidios consumados o frustrados.
Estas cifras refuerzan la necesidad de actuar tempranamente. La exposición sostenida a violencia, la desvinculación escolar, las dificultades familiares o la presencia de entornos altamente vulnerables pueden constituir señales que requieren una respuesta coordinada y oportuna por parte del Estado.
