En entrevista en Chilevisión Noticias AM, la diputada y subjefa del Comité PC e Independientes, abordó la investigación de la Operación Imperio Ámsterdam y apuntó a que, a pesar del marco legal que reconoce y permite el cultivo personal para pacientes, la inexistencia de protocolos o reglamentos claros respecto a los cultivos colectivos de cannabis con fines medicinales ha generado incertidumbre jurídica en miles de pacientes que utilizan esta vía de acceso para sus tratamientos.
La diputada Ana María Gazmuri se refirió a la regulación para cultivos personales y colectivos de cannabis con fines medicinales y aseguró que “los mal llamados dispensarios son organizaciones, son cooperativas, que finalmente lo que hacen es dispensar cannabis para sus socios, el dispensario no puede ser un expendio, no es un local de venta, no se puede vender cannabis”.
La representante por el Distrito 12 agregó que “estas corporaciones, estas asociaciones, estos cultivos colectivos, lo que hacen es dispensar a los socios inscritos que pagan su membresía y que esa dispensación va de acuerdo a la necesidad de su prescripción médica.”
Respecto en específico a la Operación imperio Ámsterdam, la parlamentaria sostuvo que habrá que ver si la investigación logra acreditar un eventual desvío y comercialización de cannabis hacia personas que no son pacientes, lo que no está permitido en el actual marco legal.
Sin embargo, advirtió que, más allá de este caso puntual, existe un problema de fondo: la falta de reglamentos que permitan establecer con claridad cómo deben funcionar estas organizaciones, señalando, por ejemplo, el número máximo de socios de cada agrupación.
Frente a la inacción del Estado, son las propias organizaciones las que se han dado un ordenamiento interno, y la verdad es que la inmensa mayoría ha funcionado sin problemas, superando fiscalizaciones e incluso procesos judiciales, como fue el caso de GreenLife, agrupación que logró demostrar su correcto funcionamiento en tribunales..
“Promulgamos la ley el 23 de mayo de 2023, que deja claro el derecho al cultivo personal para uso medicinal, que abre todas estas puertas y resulta que hasta el día de hoy no hay un reglamento, no hay un protocolo actualizado para las policías, no hay una bajada, siendo que se supone que en 90 días eso tiene que existir. Y esa es la crítica que yo le hago a la administración anterior. ¿Cómo es posible que haya cerrado ese ciclo sin hacer las bajadas correspondientes y dejando esta incertidumbre, esta incerteza jurídica?”, señaló.
La diputada Gazmuri explicó que la legislación permite el cultivo personal de cannabis para uso medicinal bajo prescripción médica y que los pacientes pueden ejercer este derecho mediante autocultivo o a través de organizaciones sin fines de lucro que cultivan colectivamente para sus asociados.
En ese contexto, cuestionó que durante la cobertura de la investigación se haya instalado la idea de que la presencia de THC sería, por sí misma, un indicio de ilegalidad.
La diputada precisó que tanto el THC como el CBD están reconocidos como principios activos de uso terapéutico en Chile y que su utilización depende de la prescripción médica correspondiente. Tanto los productos de cannabis que se venden en farmacias como los que preparan pacientes y/o sus agrupaciones pueden tener THC y CBD. Ambos son fundamentales en el uso terapéutico.
Al mismo tiempo, fue enfática en que la investigación debe determinar si existió un eventual desvío del cannabis hacia personas que no fueran pacientes o una comercialización prohibida.
“Lo que podría configurar un ilícito es que además de entregar cannabis a los pacientes, hubiera habido una filtración de ese material hacia quienes no son pacientes y hubiera habido una venta. Y eso efectivamente está prohibid”, agregó.
Finalmente, Gazmuri puso el foco en las consecuencias que los allanamientos podrían tener para quienes utilizan cannabis con fines terapéuticos, particularmente pacientes que dependen de estos tratamientos y merecen certeza jurídica.
La parlamentaria sostuvo que la investigación debe continuar y esclarecer eventuales responsabilidades, pero planteó que el caso también debería servir para avanzar en una regulación clara que permita fiscalizar adecuadamente a estas organizaciones y entregar seguridad jurídica tanto a pacientes como a quienes cumplen con la normativa.
