Durante años, realizar un trámite en una notaría implicó para muchas personas destinar tiempo, asumir costos y trasladarse presencialmente para cumplir formalidades que, en algunos casos, resultaban desproporcionadas.
Con la entrada en vigencia de la Ley 21.772, Chile inició una de las reformas más importantes al sistema notarial y registral, orientada a modernizar su funcionamiento, incorporar herramientas digitales y reservar su intervención para actos en que la fe pública sigue siendo esencial para la seguridad jurídica.
Uno de los cambios más relevantes es eliminar la exigencia de intervención notarial en diversos procedimientos y trámites: determinados permisos de viviendas económicas, modificaciones de estatutos de sociedades anónimas deportivas, acuerdos de cooperativas y asociaciones de pescadores, además de algunas actuaciones del Código de Aguas, podrán realizarse mediante declaraciones simples o procedimientos electrónicos.
La reforma también moderniza el sistema de nombramiento de notarios y conservadores, fortaleciendo los concursos públicos, el mérito y la transparencia.
Además, impulsa la transformación digital mediante la firma electrónica avanzada, repositorios digitales e interoperabilidad entre notarías, conservadores y organismos públicos. A medida que entren en vigencia los reglamentos y se implementen las plataformas previstas, será posible obtener copias electrónicas de escrituras y otros documentos de forma remota y, en los casos previstos por la ley, sin costo para los usuarios.
La reforma también fortalece la transparencia y la fiscalización. Establece un nuevo sistema para fijar tarifas máximas de diversos servicios, obliga a publicar precios, horarios e información relevante para los usuarios, incorporando auditorías y supervisión permanente.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) podrá fiscalizar y denunciar materias propias de la normativa de consumo, como cobros indebidos, falta de información sobre precios, demoras injustificadas o deficiencias en la atención, sin reemplazar las facultades disciplinarias de la Fiscalía Judicial.
Su implementación es gradual y dependerá de la dictación de los reglamentos pendientes y de la adaptación tecnológica de las instituciones involucradas. No obstante, representa un paso decisivo hacia un sistema notarial y registral más moderno, eficiente y transparente.
El desafío será que estos cambios mejoren la experiencia de las personas, fortaleciendo el acceso a la justicia preventiva, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.
Más que eliminar trámites, la reforma redefine el rol de notarías y conservadores, reservando su intervención para los actos donde la fe pública resulta verdaderamente indispensable.
