La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $50.000.000 el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar por concepto de daño moral, a Raúl Jaime Barra Carrasco, joven trabajador detenido por agentes del Estado en octubre de 1984 y sometido a torturas en cuarteles policiales y luego relegado al centro de detención de Pisagua, lugar en el que permaneció siete meses bajo constantes amenazas de muerte y simulacros de fusilamiento.
En fallo unánime (causa rol 9.154-2025), Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Romy Rutherford, el ministro Fernando Guzmán y la ministra Paola Díaz– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se aumenta el monto resarcitorio en proporción al daño acreditado.
“Que para analizar la severidad del sufrimiento padecido, se deben tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso y considerar las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que estos pueden causar, así como las condiciones de las personas que experimentaron dichos sufrimientos, entre ellos, la edad, el sexo, el estado de salud, entre otras circunstancias personales”, plantea el fallo.
La resolución agrega: “Que en el caso sublite se trata de una persona que, de acuerdo con los antecedentes allegados al proceso, fue detenido el 27 de octubre de 1984 y luego de ser trasladado a dos cuarteles, fue relegado al centro de detención Pisagua en el que permanece alrededor de siete meses, siendo víctima de diversos métodos de tortura”.
“Todo lo anterior, por cierto, ha provocado secuelas, especialmente, psicológicas que han dificultado su vida y que deben servir también a la ponderación de la afectación física y psicológica sufrida”, añade.
“En virtud de lo anterior se elevará prudencialmente el monto de la indemnización por daño moral a la suma que indica en la parte resolutiva de esta sentencia”, releva.
“Que, además, no es procedente considerar aquellas transferencias de dinero que el actor ha recibido por parte del Estado a partir de las denominadas leyes de reparación al momento de fijar la cuantía de la indemnización, pues se trata de beneficios de carácter asistencial”, concluye.
Por tanto, se resuelve que: “se confirma la sentencia definitiva dictada por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago el veinticinco de abril de dos mil veinticinco a folio 46 con declaración que se eleva el monto de indemnización que por concepto de daño moral deberá pagar el Fisco de Chile al demandante a la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000)”.
