Condiciones sanitarias deficientes y falta de control de la salud de los menores, así como tardanza en denunciar posibles delitos, fueron algunos de los principales hallazgos que detectó de la Contraloría Regional Metropolitana al fiscalizar el funcionamiento operativo, técnico y administrativo de la residencia Casa Nacional del Niño, dependiente de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Servicio de Protección).
De acuerdo con la investigación, enmarcada en el enfoque institucional de fiscalizar el cumplimiento en la entrega de un correcto servicio a la primera infancia, al 31 de diciembre de 2025, la Casa Nacional del Niño atiende a menores que fueron vulnerados en sus derechos, de los cuales 63 son pequeños de 0 años a 3 años y 11 meses; otros 36 de entre 4 años y 8 años y 11 meses; 16 menores de entre 9 y 13 años 11 meses; y un adolescente entre 14 y 17 años y 11 meses.
Respecto de la salud de los residentes, la CGR evidenció que había inconsistencias, omisiones y falta de actualización de los antecedentes mantenidos por la residencia y la información registrada en el Sistema Integrado de Información (SIS), verificándose diferencias sobre las condiciones permanentes de salud, hospitalizaciones, atenciones de especialidad, controles médicos y otros antecedentes clínicos relevantes de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
Además, se detectó que en la Casa Nacional del Niño no se utilizan los registros institucionales obligatorios para el control de las atenciones de salud y gestión de medicamentos de los NNA, existiendo anotaciones manuales, hojas de evolución, tarjetas de tratamiento y otros registros internos no estandarizados, lo que impide mantener la trazabilidad y adecuado control de las actuaciones de salud y de su gestión farmacológica.
A su vez, se constataron debilidades en el registro y trazabilidad de las salidas de los menores a centros de salud, ya que el libro de interconsultas no contenía información suficiente para reconstruir íntegramente cada salida y regreso de los menores a la Casa Nacional del Niño.
La Contraloría también detectó deficiencias relacionadas con la gestión clínica de la residencia, asociada al almacenamiento, segregación y conservación de medicamentos e insumos clínicos; al registro, inventario y trazabilidad del stock.
Del análisis de los antecedentes remitidos por el servicio y de la inspección en terreno efectuada por el equipo de la Contraloría Regional, el 10 de abril pasado, encontró que el Servicio Dietético de Leche (SEDILE) estaba fuera de funcionamiento, pese a ser un equipamiento crítico destinado a la esterilización y desinfección de implementos utilizados en la alimentación infantil, incluyendo un autoclave y un termodesinfectador de mamaderas.
Lo anterior no era un hecho aislado ni reciente, ya que, de los antecedentes proporcionados por el personal encargado, se advirtió que la inoperatividad del autoclave (esterilizador) fue informada a la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Protección en junio de 2022, sin que a la fecha de la fiscalización se hubiese solucionado.
En cuanto a la estructura operativa del centro, se verificó la ausencia de definiciones claras y de una formalización del modelo operativo integrado para su funcionamiento. Asimismo, se identificaron deficiencias en la asignación de casos de niños, niñas y adolescentes (NNA) a las duplas psicológicas, así como en la organización del cuidado directo, el que no se estructuraba adecuadamente según la etapa del ciclo vital y el perfil de atención de cada NNA. Estas situaciones evidenciaron un incumplimiento de los estándares requeridos para garantizar un acompañamiento adecuado.
Demora en denuncias
Otro de los hallazgos de la Contraloría se relaciona con el incumplimiento de los plazos establecidos para denunciar, comunicar y registrar en el Sistema Integrado de Información hechos que eventualmente podrían constituir delitos y que involucraban a niños, niñas y adolescentes bajo la protección de esta residencia.
Así, la fiscalización permitió constatar retrasos en actuaciones que debían realizarse dentro de los plazos fijados por el Código Procesal Penal. Según la normativa vigente, el director o directora del proyecto debe presentar la denuncia ante el Ministerio Público o la autoridad competente de manera inmediata o, a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes a la toma de conocimiento de los hechos. Sin embargo, la CGR detectó múltiples casos en los que esta obligación legal no se cumplió de manera oportuna.
Condiciones sanitarias deficientes
Respecto de la operación de la residencia, se detectaron condiciones sanitarias deficientes en la Unidad Central de Producción de Alimentos, así como en el almacenamiento de alimentos en la bodega central. Por ejemplo, se verificó la presencia de insectos; mallas mosqueteras dañadas y sucias; falta de mantención de la campana de cocina; sifones de lavaplatos sucios y sin adecuada mantención; ausencia de ventilación suficiente en las cámaras de frío, entre otras.
En cuanto al almacenamiento, se encontraron productos dispuestos directamente sobre el piso, exceso de acopio, ocupación de espacios de tránsito y disposición de productos próximos a muros y techos, sin condiciones suficientes para su adecuada ventilación, inspección, limpieza, rotación e identificación.
Finalmente, se verificaron falencias en el control preventivo de las condiciones de seguridad y deficiencias en el equipamiento y espacios usados en la residencia. Entre ellas, puertas con desperfecto operacional, piscina desmontable instalada en un patio contiguo a una zona de juegos infantiles, avisos manuales adosados a puertas de acceso, deficiencias en el resguardo de equipamiento de emergencia -DEA fuera de su gabinete-, acumulación de elementos en desuso, apilamiento de documentación y cajas con información histórica de NNA en sectores no habilitados para ello, además de cielos, bordes o estructuras interiores con signos visibles de humedad, deterioro y oxidación, entre otros.
La CGR dio un plazo de 15 días hábiles a la Dirección Nacional del Servicio de Protección para informar sobre el inicio de un sumario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos expuestos.
