Los diputados Ignacio Achurra y Jaime Bassa junto a la diputada Constanza Schonhaut solicitaron oficiar a los cuatro organismos para transparentar el funcionamiento del Comité de Proyectos en el SEIA, creado por el Ministerio de Hacienda, y solicitan que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre la legalidad de dicha instancia y sobre el cumplimiento del deber de abstención por parte del secretario de Estado.
En el marco la presentación de la Comisión Especial Investigadora para fiscalizar eventuales conflictos de interés del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la bancada diputadas y diputados del Frente Amplio ingresaron cuatro oficios de fiscalización dirigidos a la Contraloría General de la República, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y al Ministerio de Hacienda, a partir de los antecedentes informados por CIPER que dan cuenta que esta última cartera implementó un sistema de seguimiento y aceleración de la tramitación ambiental de proyectos de inversión.
El diputado Ignacio Achurra señaló que “a propósito del potencial conflicto de interés y falta de probidad del ministro Quiroz, que nos ha hecho presentar una comisión especial investigadora, también hemos presentado un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del comité de proyectos en el SEIA. Este es un organismo que creó el ministro Quiroz desde el Ministerio de Hacienda sin ninguna base legal, no tiene actas públicas y ha tenido como objeto apurar proyectos para su aprobación, proyectos que han beneficiado directamente a familiares del ministro Quiroz”.
El parlamentario frenteamplista agregó además que el objetivo es “que la Contraloría se pronuncie respecto al potencial deber de abstención que debió tener el ministro Quiroz y además sobre su declaración de patrimonios e intereses”.
Concretamente, los diputados buscan fiscalizar al Comité de Proyectos en el SEIA, instancia integrada por las subsecretarías de Hacienda, Economía, Interior y Medio Ambiente, y coordinada por la cartera que encabeza Jorge Quiroz, que no fue creada por ley y no tiene competencias ambientales; tampoco cuenta con actas de sus sesiones, informes públicos ni criterios formales de priorización de los proyectos que analiza. En este contexto, el comité aprobó recientemente dos proyectos vinculados al ministro de Hacienda, a pesar de los reparos técnicos presentados por el Sernageomin.
En la información solicitada a los organismos se solicita remitir el instrumento formal que habría creado el Comité; la nómina íntegra de proyectos analizados y priorizados desde el 11 de marzo; los criterios utilizados para la priorización; las actas y comunicaciones de sus sesiones y todas las instrucciones cursadas hacia servicios con competencia sectorial. Asimismo, se solicitó las resoluciones de calificación Ambiental; el acta de las sesiones; así como la fundamentación técnica y jurídica de la decisión de no incorporar el pronunciamiento del Sernageomin.
En el caso de la Contraloría se solicitó un pronunciamiento sobre la legalidad de la creación y operación de este Comité, sobre el cumplimiento del deber de abstención que recae en el ministro Jorge Quiroz, y de la veracidad, integridad y oportunidad de su Declaración de Intereses y Patrimonio, que contaba con omisiones y que fue rectificada recién el 10 de julio de 2026.
